San José, 11 jul (elmundo.cr) – La reciente expulsión del periodista Vito Quiles del Congreso de los Diputados ha encendido un debate crucial sobre los límites de la libertad de prensa y expresión en España. Más allá de las polémicas personales o las acusaciones sobre su estilo provocador, este hecho marca un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo crítico en espacios institucionales.
Quiles, conocido por su estilo directo y confrontativo, ha sido señalado por varios grupos parlamentarios como un “agitador” y acusado de vulnerar normas de conducta en el Congreso. Sin embargo, la decisión de revocar su acreditación, aprobada en una reforma del reglamento impulsada por PSOE y sus aliados, no solo responde a su conducta, sino que también refleja una tendencia alarmante a limitar voces incómodas bajo la bandera de la “seguridad” y el “respeto institucional”.
El periodista ha denunciado que esta medida es una “represalia ideológica” y un intento de censura política para silenciar críticas incómodas al poder. “No me echan por ser mal periodista, sino por decir lo que otros callan”, afirmó Quiles, quien anunció que continuará ejerciendo su labor desde fuera del Parlamento y recurrirá la decisión por vías legales.
Este episodio pone sobre la mesa una reflexión profunda: ¿hasta qué punto la libertad de prensa está garantizada cuando el poder legislativo puede decidir quién puede o no informar desde sus propias entrañas? La expulsión de Quiles no es solo un caso individual, sino un síntoma de una democracia que parece temer a la crítica incisiva y prefiere acallar voces disonantes en lugar de confrontarlas con argumentos.
En un contexto donde la información se fragmenta y la desconfianza hacia los medios tradicionales crece, periodistas como Quiles representan para muchos ciudadanos una fuente alternativa que desafía el relato oficial. Su estilo puede ser polémico, incluso cuestionable, pero la esencia del periodismo es precisamente esa: incomodar, preguntar, denunciar, y en ocasiones, molestar a quienes detentan el poder.
La medida adoptada por el Congreso, respaldada por una mayoría progresista, se justifica en la necesidad de preservar el orden y el respeto dentro de la institución. Sin embargo, el riesgo es que esa búsqueda de “orden” se convierta en un instrumento para controlar el discurso público y limitar la pluralidad informativa.
El apoyo a Vito Quiles no implica necesariamente avalar todas sus formas o contenidos, sino defender el derecho fundamental a la libertad de expresión y a una prensa que pueda operar sin temor a represalias arbitrarias. La democracia se fortalece con la diversidad de voces, incluso las incómodas, no con su silenciamiento.
La expulsión de Quiles debería ser una llamada de alerta para periodistas, políticos y ciudadanos conscientes: la defensa de la libertad de prensa es una tarea constante, que requiere vigilancia y compromiso. Perderla significa abrir la puerta a la censura y al control del poder sobre la información, un riesgo que ninguna sociedad democrática puede permitirse.
En definitiva, la historia de Vito Quiles en el Congreso es más que un episodio polémico; es un espejo que refleja las tensiones actuales entre poder, verdad y libertad, y un recordatorio de que la defensa del periodismo crítico es esencial para la salud de cualquier democracia.
