Londres, 20 abr (elmundo.cr) – La justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir de 2010.
La orden será ahora enviada a la ministra del Interior, Priti Patel, que tiene la última palabra en cualquier extradición, y a la que la defensa de Assange puede presentar sus alegaciones hasta el 18 de mayo.
La justicia de Estados Unidos quiere juzgar al australiano, 50 años, por la difusión en WikiLeaks a partir de 2010 de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron atrocidades en las guerras de Irak y Afganistán.
Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel, en un caso que las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.
El gobierno estadounidense afirma por su parte que el australiano no es periodista sino pirata informático y puso en peligro la vida de numerosos informantes al publicar documentos completos sin editar.
El 14 de marzo la Corte Suprema británica desestimó un recurso de Assange para apelar contra su extradición.
Larga saga judicial
En el centro de una larga saga judicial, Assange fue condenado a un año de cárcel en Londres por violación de su libertad condicional en 2012 antes de emprender la batalla contra su extradición a Estados Unidos.
En enero de 2021, la justicia británica decidió a su favor: juez Vanessa Baraitser rechazó la extradición por considerar que el australiano, de frágil salud física y psicológica, corría el riesgo de suicidarse en el sistema penitenciario estadounidense.
Pero en diciembre, Washington logró que la Alta Corte de Londres anulara esa decisión, asegurando que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence, en Colorado, donde están detenidos miembros de la organización yihadista Al Qaida.
Y garantizaron que recibiría la atención clínica y psicológica necesaria, mencionando la posibilidad de permitir que cumpliera su condena en su Australia natal.
Para sus defensores, encabezados por Stella Moris, la abogada sudafricana con la que tuvo dos hijos en secreto durante sus años en la embajada ecuatoriana y con la que se casó en Belmash el mes pasado, estas garantías no son creíbles.
Subrayando que <<el destino de Julian está ahora en manos de la ministra del Interior>>, Moris insistió en marzo en que <<este es un caso político y ella puede ponerle fin>>.
<<Hace falta valor político, pero esto es lo que se necesita para preservar una sociedad abierta que proteja a los editores de la persecución extranjera>>, afirmó.
