Buenos Aires, 07 oct (elmundo.cr) – La justicia argentina abrió una investigación penal al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a la vicepresidenta Rosario María Murillo para determinar si son responsables de delitos de lesa humanidad.
La decisión la tomó la víspera el juez federal argentino Ariel Lijo a instancias de una denuncia presentada por dos abogados y del pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien considera que la justicia federal argentina está facultada para investigar violaciones a los derechos humanos ocurridos en otro país, ya que la Constitución nacional reconoce el principio de jurisdicción universal, detallo la AP.
Como primera medida, el juez dispuso el envío de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre supuestas detenciones ilegales y desaparición de personas, dijo el jueves a The Associated Press un funcionario judicial conocedor de la causa y quien pidió anonimato debido a que la pesquisa está en una etapa preliminar.
En el pasado la justicia argentina ha hecho algo similar, al abrir una causa por delitos denunciados en un periodo que abarca la guerra civil española (1936-1939), el régimen de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador en 1975 y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
Por ese caso, que data del 2010, un tribunal de alzada de Buenos Aires anuló recientemente el procesamiento dictado por una jueza a un exfuncionario español que había accedido a declarar ante la magistrada por videoconferencia.
La justicia argentina también habilitó una investigación en 2021 por las denuncias de represión contra el pueblo Rohingya en Myanmar.
En el derecho penal internacional, Argentina es considerada una nación modelo por el histórico juicio y condena a los jerarcas de la última dictadura militar (1976-1983), considerada una de las más sangrientas de Latinoamérica y durante la cual se violaron sistemáticamente los derechos humanos.
En el actual caso y en su pedido al juez para que dé luz verde a la pesquisa, el fiscal Taiano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 3, apuntó contra Ortega y su esposa, así como “quienes dentro de la estructura estatal o para estatal” puedan ser responsables del dictado y ejecución de órdenes para ejercer la persecución “por cuestiones políticas y/o religiosas”.
Últimamente, el gobierno de Ortega ha intensificado la persecución de sus adversarios políticos y acusa a sus familiares por la vía penal, según organizaciones de derechos humanos.
Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país centroamericano en la represión posterior a las masivas protestas de abril de 2018 y han sido detenidos y sentenciados con largas condenas de prisión.
La medida judicial argentina es en respuesta a la denuncia presentada en el juzgado de Lijo por los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, a raíz de la situación del obispo de Matagalpa Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario luego de ser detenido sin que conozcan detalles sobre su estado de salud.
La denuncia señaló que por orden de las más altas esferas políticas, en Nicaragua se ataca de forma sistemática a la población civil y mencionó investigaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales y del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos que apuntan a los excesos del gobierno de Ortega.
Nicaragua vive inmersa en una crisis política desde abril de 2018, cuando la represión ejercida por policías y paramilitares que sofocaron protestas sociales dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados, según la CIDH.
El gobierno atribuye esas revueltas a “un fallido golpe de Estado” apoyado por Estados Unidos.
La oposición asegura que en Nicaragua hay por lo menos 205 “presas y presos políticos”, de los cuales 22 son mujeres y una veintena son mayores de 60 años.
Según Taiano, la justicia de Argentina puede abrir la causa por compromisos internacionales que “establecen el deber de los tribunales internos de investigar en nombre de la comunidad internacional con independencia del lugar donde se hayan suscitado (conforme párrafo sexto del preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional)”.
Por otra parte, indicó el fiscal, la Corte Penal Internacional no podría juzgar esos crímenes, toda vez que Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma.
