Un juez federal estadunidense ordenó que 137 venezolanos que la Administración de Donald Trump deportó a El Salvador a principios de 2025 sean devueltos a Estados Unidos.
Los hombres, que fueron detenidos por agentes de migración, estuvieron recluidos cerca de cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Luego, fueron enviados de regreso a Venezuela en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países.
El juez James Boasberg emitió una resolución en la que exige facilitar el retorno de los migrantes venezolanos. La resolución establece que el regreso puede realizarse de manera independiente o en vuelos hacia un puerto de entrada estadunidense. De esa forma, asegura el documento, los migrantes volverían a quedar bajo custodia de autoridades migratorias mientras se revisan sus casos.
De acuerdo con Boasberg, la Administración Trump “privó claramente” a los migrantes venezolanos del derecho de ser notificados y de la opción de apelar su expulsión.
El juez Boasberg, criticado duramente por Trump, resaltó en su medida que “esta situación nunca se habría presentado” si el Gobierno simplemente hubiese reconocido sus derechos constitucionales antes de deportarlos.
La orden judicial indica que el Gobierno de Estados Unidos debe pagar los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para facilitar el viaje a quienes decidan regresar.
Sostiene también que los venezolanos elegibles para regresar a EE. UU. serán puestos bajo custodia a su llegada al país, luego de que en julio fueran enviados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos Gobiernos.
En diciembre pasado Boasberg ya había dictaminado que el Gobierno de Trump negó el debido proceso a este grupo de venezolanos y debía darles la oportunidad de tener una audiencia.
El magistrado también avaló una demanda que allana el camino para que todos los migrantes enviados al Cecot impugnen su designación como “enemigos extranjeros” de EE. UU.
Es que para expulsar a estos latinoamericanos, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra. Con ello los envió a El Salvador tras acusarlos, sin pruebas, de que pertenecían a la banda criminal Tren de Aragua.
La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward que argumentaron que la deportación fue ilegal y que El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago.
Con EFE y medios locales
