El Senado argentino aprobó el proyecto de reforma laboral por 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones.
La ley, que modifica una normativa de 1976, reduce la base de cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores, plantea alternativas al pago de las horas extra, limita el derecho a huelga y la actividad sindical, entre otras reformas sustanciales a las condiciones de trabajo.
El pasado 11 de febrero, la reforma laboral pasó por el Senado y se trasladó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el que regresó este viernes a la Cámara Alta para su ratificación final.
El debate contó con apenas una veintena de oradores e inició con la intervención del senador de La Libertad Avanza (LLA, oficialista) Juan Cruz Godoy, quien intentó despejar las dudas en torno a la reforma al asegurar que “continúan los derechos establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”.
Entre los puntos que destacó como positivos, mencionó que continúan existiendo las indemnizaciones, que se facilita el registro de los empleados de manera formal y que el sistema “se agiliza” y se vuelve “más económico”.
Desde el peronismo fue cuestionada la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que permitirá a los empleadores realizar aportes mensuales destinados a cubrir eventuales despidos, al asegurar que se trata de un “incentivo a los despidos”, según dijo Jorge Capitanich, y una “estatización de la deuda privada” de los empleadores con los trabajadores, según expresó Mariano Recalde, ambos del bloque Justicialista.
A la hora de los cierres, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, consideró que la limitación al derecho a huelga que plantea la ley es “abiertamente inconstitucional” y que la ley es un “desastre legislativo”.
Patricia Bullrich, exministra de Seguridad Nacional y jefa del bloque oficialista, cerró el debate argumentando que el régimen laboral vigente hace que “nadie contrate a nadie” y que “en nombre de los trabajadores, se mandó a la informalidad a miles de trabajadores”.
“Esta es la estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir con esta ley”, aseguró Bullrich.
Este mediodía, cientos de personas, dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas se manifestaron a las puertas del Congreso argentino para protestar contra la ley.
Una vez retirados los sindicatos, cuando comenzaron intentos de disturbios, la jornada finalizó con un saldo de 122 manifestantes heridos y 4 detenidos, según aseguró el organismo de derechos humanos Comisión por la Memoria.
Cambios laborales para atraer inversión: las razones del Gobierno
El presidente Javier Milei, impulsor de la medida, considera que los cambios al código laboral argentino, de medio siglo de antigüedad, son cruciales para sus esfuerzos por atraer inversión extranjera, aumentar la productividad e impulsar la creación de empleo en un país donde aproximadamente dos de cada cinco trabajadores tienen empleo informal.
Quienes apoyan la reforma de la ley laboral afirman que las elevadas indemnizaciones por despido y los impuestos hacen casi imposible el despido de empleados, lo que limita la productividad y desalienta a las empresas a buscar empleo formal.
Casi la mitad de los argentinos, trabaja “en negro”. Es decir, en empleo informal o no declarado y señalan que el crecimiento del empleo en el sector privado se ha estancado durante 14 años. Sostienen así que la reforma incentivaría la contratación laboral.
La reforma, ya aprobada, marcó la primera gran prueba para la fuerza política de Milei desde que su emergente partido político ganó las elecciones intermedias de Argentina el año pasado, con 20.000 millones de dólares de apoyo de su aliado clave, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Más de un siglo de normas laborales
Las conquistas en materia laboral en Argentina tienen una historia que se remonta a más de un siglo. Normas sobre el descanso dominical y de protección laboral a mujeres y niños datan de la primera década del siglo XX. Y de 1929 es la ley que estableció una jornada máxima de ocho horas.
Pero fue entre 1943 y 1955 que, por impulso del tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón -primero como secretario de Trabajo y luego como jefe de Estado-, se dieron grandes avances, como las vacaciones pagadas, una remuneración justa, la protección de la seguridad social y el arbitraje obligatorio en los conflictos laborales.
“En ese momento lo que sucede además -tan importante como el dictado de normas- es la fortaleza que toman las organizaciones gremiales en defensa de los derechos de los trabajadores. Éste es un fenómeno muy particular de Argentina, sobre todo respecto de lo que se da en gran parte de Latinoamérica“, dijo a EFE el abogado Claudio Moroni, ministro de Trabajo durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023).
Según Moroni, uno de los resultados de esta fortaleza sindical es que Argentina es uno de los países con mayor cantidad de convenios colectivos por rama de actividad, con casi un 90% de los trabajadores registrados alcanzado por estos convenios, que incluyen protecciones adicionales a las previstas en las normativas generales y que la reforma de Milei obligará a renegociar en el plazo de un año.
La reforma además modificará sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, aprobada en 1974, y que, según Moroni, “es una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de protección de los trabajadores”.
La fuerza colectiva, en jaque
La reforma no solo supondrá un retroceso en los derechos individuales de los trabajadores sino, además, para la representación colectiva.
“Argentina ha sido paradigmática en la protección de los derechos de los trabajadores no solo por la fortaleza de los sindicatos sino, además, porque no puede haber más de un sindicato por actividad, lo que le da más poder para discutir salarios y derechos. En general, la mayoría de los países tiene varios gremios por actividad, más débiles para negociar”, indicó a EFE Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina.
La reforma pondrá fin a ese fenómeno (podrá haber más de un gremio por actividad) y, además, permitirá los acuerdos por empresa y los contratos individuales con condiciones pactadas directamente entre el trabajador y el empleador, que tendrán preeminencia por sobre los convenios colectivos.
“Hay una tendencia a la deslaboralización, es decir, a que la relación entre los trabajadores y los empleadores sea menos una relación laboral y más una relación contractual tradicional”, señaló Letcher.
La reforma también ampliará el listado de sectores considerados esenciales, los cuales no podrán prestar menos del 75% del servicio en caso de huelga, un derecho que quedará así muy restringido.
EFE
