“El presidente Evo Morales ordenó investigar las irregularidades económicas en el Fondo Indígena, caiga quien caiga”, dijo.
La ministra Valdivia anunció que hará seguimiento del proceso judicial para establecer responsabilidades de 252 personas, entre ellas la actual ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, en su condición de presidenta del Fondo Indígena.
Otra involucrada es la actual embajadora boliviana en Ecuador, la indígena aymara Maribel Santamaría; quien recibió 2,5 millones de bolivianos (320.000 dólares) para cuatro proyectos en el área rural.
También será investigada la actual candidata oficialista a la gobernación de La Paz, la aymara Felipa Huanca, por el destino de 140.947 bolivianos (21.000 dólares) para un programa de la organización campesina “Bartolina Sisa”.
“Hay 253 responsables del manejo del dinero del Fondo Indígena en varios proyectos”, reportó la Contraloría General tras comprobar malos manejos de recursos asignados en el período 2010-2013.
La Contraloría General es una institución estatal encargada de investigar el uso de recursos fiscales, y sus resoluciones dan pie a procesos judiciales para establecer inocencia o culpabilidad.
El Fondo Indígena fue creado el 22 de diciembre de 2005 como entidad descentralizada dependiente del ministerio de Desarrollo Rural, con el mandato de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de Bolivia.
El Fondo Indígena recibe un cinco por ciento de la renta petrolera y en los últimos nueve años distribuyó a ocho organizaciones campesinas 327,8 millones de bolivianos (45 millones de dólares) para programas sociales y productivos en el área rural de los nueve departamentos de Bolivia.