Washington, 10 mar (elmundo.cr) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión presentaron el informe “Situación de derechos humanos en México” donde destacan la grave situación de violencia que padecen periodistas, defensores de derechos humanos y comunicadores por el ejercicio de la libertad de expresión, convirtiéndolos en un grupo de la población especialmente vulnerable.
Según cifras oficiales, entre 2010 y 2015 fueron asesinados más de 55 periodistas. La mayor parte de estos crímenes permanecen en la impunidad, ya que los autores intelectuales no han sido identificados, impidiendo de esta manera determinar si tienen una conexión con la labor informativa de las víctimas.
La CIDH destacó que la violencia contra las y los comunicadores se ha visto especialmente agudizada en aquellos estados en los que existe una fuerte presencia del crimen organizado. En muchos casos, los integrantes de estos grupos actúan en colusión con agentes estatales. En su mayoría, los periodistas que han sido víctimas de violencia habían denunciado o informado sobre corrupción administrativa en el ámbito local, narcotráfico, delincuencia organizada, seguridad pública y asuntos relacionados, afirma la CIDH.
En el informe queda claro que estos crímenes contra los periodistas han tenido un efecto amedrentador para otros profesionales de los medios de comunicación así como para quienes pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. La CIDH también ha recibido información sobre desapariciones y ataques contra la vida e integridad personal de periodistas por parte de agentes estatales y no estatales, prácticas de hostigamiento y amenazas, vigilancia e interceptación de las comunicaciones.
En los últimos años la situación de violencia contra periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios en México ha venido en aumento, sobre todo en algunos estados como Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca, esto a pesar de las reformas constitucionales y legislativas y la adopción de medidas para salvaguardar su integridad, como el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aprobado en 2012.
Con dicho mecanismo de protección 190 periodistas y 273 defensores de derechos humanos se han visto beneficiados del mismo hasta septiembre de 2015. Sin embargo, se han presentado desafíos en la eficacia de las medidas dispuestas para su protección e invita al Estado a continuar con los esfuerzos desplegados para su fortalecimiento.
La Comisión expresó además su preocupación por los altos índices de impunidad en estos crímenes. Frente a un panorama de centenares de agresiones contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación ocurridas en México en los últimos años, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició 458 averiguaciones previas de los casos que pueden estar vinculados al ejercicio del periodismo entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de agosto de 2015.
De ese total se declaró incompetente en 176 y en 53 se inició proceso contra un presunto responsable ante autoridades judiciales. Desde el 2013 cuando se le otorgó la facultad de atracción, esta Fiscalía la ha ejercido en 40 casos. La Comisión ve con preocupación que sea la propia entidad investigativa quien, haciendo uso de diferentes argumentos, se interponga obstáculos a sí misma para asumir la titularidad de la investigación, lo que puede terminar afectando su eficacia.
Al Estado mexicano se le recomendó que mantenga el carácter de fiscalía especializada y que la dote de recursos económicos y humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor. La Relatoría Especial también exhortó al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, tanto a nivel federal como estatal, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección y procuración de justicia en las agresiones contra las y los defensores de derechos humanos y de periodistas. A su vez alentó al mecanismo de protección a implementar una estrategia de difusión sobre sus competencias, los requisitos para ingresar al programa, además de promover que se actué de oficio.
