ANÁLISIS
Por Ana María Pomi (dpa)
Brasilia, 22 ago (dpa) – La orden dada por un ministro del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil a la Fiscalía de la República y a la Policía Federal para que investiguen “varios indicios” de que la campaña de reelección de la presidenta Dilma Rousseff recibió dinero desviado de Petrobras empuja peligrosamente al gobierno hacia un proceso de “impeachment”.
Rousseff asumió su segundo mandato en enero de este año. La orden fue dada en la noche del viernes por el ministro del STE Gilmar Mendes y se suma a cuatro pedidos de investigación similares impulsados ante ese tribunal por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Los socialdemócratas y otros partidos opositores menores que también defienden la impugnación del mandato de la presidenta o su renuncia aguardaban el parecer del TSE y también esperan el del Tribunal de Cuentas (TCU) -que investiga presuntas irregularidades en las finanzas del gobierno en 2014- para tener fundamentos jurídicos que allanen el camino hacia un juicio político contra la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT).
La categórica fundamentación de Mendes para ordenar la investigación de la campaña de reelección de la presidenta constituye un poderoso combustible para los opositores, y, de confirmarse los ilícitos, se torna inminente la apertura de un proceso penal que puede derivar en la impugnación del mandato presidencial.
Tanto Mendes como el PSDB basan sus pedidos de investigación, entre otros argumentos, en la presunción de que las constructoras acusadas de formar un cartel para defraudar licitaciones e inflar contratos con Petrobras realizaron cuantiosas donaciones a la presidenta y al PT, con parte del dinero desviado.
Con esto, el pago de sobornos se habría camuflado de legalidad, ya que esas donaciones en sí fueron oficiales y declaradas al TSE. Éste elemento fue, de hecho, el utilizado por el PT y la Presidencia -que niegan cualquier tipo de irregularidad- para responder a los “indicios” de ilícitos detectados por Mendes.
“La pseudoexplicación del PT sobre los recursos sucios que migraron de las arcas de Petrobras hacia la caja registradora del partido -‘todo fue declarado a la Justicia Electoral’- transformó al TSE en una inusitada lavandería (de dinero)”, resumió la situación el analista del portal UOL Josias de Souza.
Los fundamentos de Mendes, en tanto, son contundentes: “Considero imprescindible poner en conocimiento de las autoridades competentes sobre los indicios de práctica de ilícitos electorales y delitos (pasibles) de acción penal pública resaltados en este despacho”, expresó el magistrado, quien además ordenó al Consejo General Electoral que investigue la rendición de cuentas de la campaña electoral de 2014 presentada por el PT.
“Es importante resaltar que, juzgadas las cuentas de la candidata y del partido en diciembre de 2014, con la profundización de las investigaciones en la presunta red de corrupción ocurrida en Petrobras, se hicieron públicos los relatos de uso de donaciones de campaña como subterfugio para pagar sobornos”, afirmó Mendes.
El ministro del TSE se refiere a que el cruzamiento de datos obtenidos en el marco de la operación Lava Jato, que es la que investiga los fraudes en Petrobras, han ido agregando elementos que hacen pensar que efectivamente existió esa maniobra de “triangulación”: recursos desviados del ente, que fueron “devueltos” al PT por parte de las empresas contratistas, como donaciones oficiales.
Según la revista opositora “Veja”, Mendes argumentó que la operación Lava Jato tiene reflejos en las cuatro acciones impulsadas por la oposición ante el TSE y justificó la demora en analizar las denuncias diciendo que la profusión de nuevas revelaciones hace con que “a cada momento haya que actualizar” los datos y reformular los indicios de irregularidades.
“Se jala de una pluma y viene una gallina en la Lava Jato”, ejemplificó Mendes el entramado de “conexiones” entre los fraudes en la estatal y la campaña electoral de Rousseff y el PT.
Para agravar aún más la situación de la presidenta, a quien solo respalda el ocho por ciento de la población y cuya salida defiende el 66 por ciento del electorado, según sondeos, el viernes se informó que su vicepresidente, Michel Temer, pretende abandonar en breve la articulación política.
Temer asumió esa función a pedido de Rousseff, en mayo, para lograr que el Congreso aprobara las medidas de ajuste fiscal con que el gobierno pretende recomponer la economía, que está en recesión.
Según coinciden medios de prensa, Temer, quien preside el centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -el principal aliado del gobierno- manifestó su intención el viernes, ante varios interlocutores, quienes no descartan incluso que en el próximo congreso del partido, en noviembre, la fuerza política abandone la coalición oficialista.
De concretarse esto último, el gobierno de Rousseff perdería el último eslabón que la vincula con el Congreso, que en el caso de un proceso de impugnación de su mandato, es el que tiene la última palabra.
