ANÁLISIS
Por Patricia Castillo (dpa)
Ciudad de Guatemala, 30 ago (dpa) – Guatemala entra el lunes en una semana decisiva, en la que se resolverá si el presidente Otto Pérez, acusado de corrupción, es despojado de su inmunidad para enfrentar a la Justicia y en la que a su vez los guatemaltecos irán a las urnas para elegir a un nuevo gobierno.
“Esta semana nos jugamos básicamente el futuro político del país”, dijo a dpa el sociólogo Virgilio Álvarez, investigador asociado para temas de América Latina de la Universidad de Estocolmo.
La recta final a la cita con las urnas el domingo se cumplirá en un clima de incertidumbre y descontento de los guatemaltecos por una serie de escándalos de corrupción detonados por las investigaciones de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que vinculan a los más altos cargos del gobierno.
“El hecho que el presidente permanezca en el poder influye mucho en el clima electoral. No le hace bien al evento, le quita certeza y tranquilidad. De ahí la urgencia de que el Congreso le quite la inmunidad (a Pérez)”, comentó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, capítulo Guatemala de Transparencia Internacional.
Después de que el martes la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera por unanimidad la denuncia penal que la Fiscalía y la CICIG formularon contra el mandatario, el Congreso comenzó a conocer el tema, nombró a una comisión investigadora integrada por cinco diputados, que el sábado, antes de lo previsto, decidió recomendar que se le retire la inmunidad a Pérez.
Dicho informe podría ser debatido por el pleno parlamentario este lunes en sesión extraordinaria, o sino será tratado el martes en sesión ordinaria. Según la ley, se requiere de 105 votos (dos terceras partes del total) para que se apruebe la medida.
En un mensaje a la nación el domingo 23 de agosto, Pérez descartó renunciar y ofreció librar una batalla legal frente a los señalamientos. Tampoco renunció el jueves, pese a una jornada intensa de protestas pacíficas que reunió a unos 100.000 guatemaltecos en la Plaza Central día y noche.
El mandatario, que asumió en 2012, mantiene su postura pese a que la Procuraduría General de la Nación (PGN), ente asesor y consultor del Estado, le recomendó en un comunicado oficial y público dimitir para “evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación”.
La titular de dicho órgano, María Eugenia de Villagrán, dijo la semana pasada temer ante el riesgo de un posible “derramamiento de sangre” como consecuencia de la no renuncia del presidente.
Esta es la primera vez que un presidente guatemalteco en funciones es perseguido penalmente por la Justicia del país. Pero antes de Pérez la involucrada en el escándalo de corrupción fue la vicepresidenta Roxana Baldetti, que se convirtió en la primera funcionaria en ese cargo que fue obligada a renunciar y luego fue detenida.
Baldetti renunció al cargo el 8 de mayo, tres semanas después que la CICIG desarticulara la trama de corrupción conocida como “La Línea”, responsable de un fraude millonario en las arcas públicas a través de la evasión de impuestos aduaneros. El 21 de agosto se giró una orden de captura en su contra y actualmente está en prisión preventiva y sujeta a proceso.
El domingo 6 de septiembre, 7,5 millones de guatemaltecos inscritos en el padrón electoral están llamados a votar para elegir presidente y vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
No obstante, el Mirador Electoral, que agrupa a distintas organizaciones sociales e instituciones académicas advirtió de la “apatía y desencanto” de la población frente a las opciones políticas y su rechazo a éstas por considerar que son “más de lo mismo” a la luz de los escándalos de corrupción. Por eso pronosticó un alto abstencionismo.
Frente al escenario de crisis política, Álvarez advirtió que aún sigue pendiente el debate sobre el “futuro social del país”.
“Aún no estamos discutiendo problemas sociales, como la pobreza y la exclusión social. Podemos tener un país altamente democrático, pero podemos seguir siendo un país altamente excluyente y pobre”, consideró el académico.
“Esto no lo resuelve el caso ‘La Línea’ y no lo resuelven las elecciones. Esto no se ha puesto en discusión en este gran proceso social que vive Guatemala”, concluyó.
