San José, 30 ago (elmundo.cr) – Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), señalaron que, en conocimiento de la decisión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas cautelares a favor del presidente electo de Guatemala Bernardo Arévalo y su compañera de fórmula, Karin Herrera Aguilar
y en virtud de encontrarse amenazados en sus derechos fundamentales, entre estos el derecho a la vida y la integridad personal; y en conocimiento de la persecución e intento de criminalización por el Ministerio Público y otros órganos del Estado guatemalteco del
Movimiento Semilla que ha respaldado la opción electoral triunfante, declaramos enfáticamente lo siguiente:
- Las instituciones del Estado deben siempre garantizar los derechos humanos, incluidos los políticos, ante la arremetida de la criminalidad organizada, y coludida con el poder.
- Los resultados de la elección presidencial realizada en Guatemala y anunciados por su Tribunal Supremo Electoral han sido observados internacionalmente, y confirmados en su autenticidad por la Organización de los Estados Americanos; ello, a pesar de las persecuciones a las que estuvieron sujetos los miembros de dicho órgano electoral, y los intentos que persisten buscando revertir o constreñir mediante judicializaciones lo que ha sido la clara voluntad de la soberanía popular.
- Compartimos el criterio de la misión de la OEA, en cuanto a que “la aceptación de los resultados electorales no es sólo un imperativo democrático, sino la base misma que permite la convivencia pacífica en la pluralidad. Y nos sumamos a la preocupación expresada al respecto por el secretario general de la ONU.
- El respeto y la garantía de los derechos políticos es obligación de la que no puede separarse el Estado, bajo riesgo de comprometer su responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, a la vez que susceptible de hacer exigible las responsabilidades individuales por acción u omisión de los titulares de los distintos poderes públicos que las hayan provocado por acción u omisión.
Además, reiteraron que “el ejercicio efectivo de la democracia como deber que toda jurisdicción doméstica o interna de cada Estado ha de realizar, es una obligación internacional”.
“El sistema democrático implica, así, que la persona con mayor cantidad de votos asume el cargo de elección popular y reemplaza al partido gobernante, bajo el principio de la alternancia en el poder”, agregaron.
“Permaneceremos alertas y mantendremos nuestra voz vigilante para ayudar en el proceso de reconstitución democrática de Guatemala y el aseguramiento de su Estado constitucional de Derecho”, concluyeron.
