Bogotá, 10 sep (elmundo.cr) – El gobierno de Colombia presentó el martes al Congreso una propuesta de reforma fiscal con la que busca recaudar 12 billones de pesos (2.843 millones de dólares), a través de un mayor cobro de impuestos, para financiar parte del presupuesto de gastos del próximo año.
Se trata de la segunda reforma tributaria que tramita el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro durante su mandato, que inició en agosto del 2022.
Entre las principales propuestas de la reforma figuran aumentos en el impuesto al patrimonio y al carbono, un alza del 15% al 20% para los ingresos por ganancia ocasional, un gravamen del 19% para las plataformas digitales de apuestas, así como un alza en el impuesto a los vehículos híbridos, con lo que conseguiría un poco más de 6 billones de pesos.
Además, el gobierno propone adelantar la implementación de las metas de la regla fiscal del 2026 al 2025, con lo que permitiría un mayor endeudamiento del país por alrededor de unos 5,3 billones de pesos.
La iniciativa también propone una reducción progresiva del 35% al 30% para el tributo de renta para las empresas.
A finales de julio el Ministerio de Hacienda presentó ante el legislativo un proyecto de presupuesto de gastos para el 2025 por 523 billones de pesos (123.913 millones de dólares), que el Congreso aún no ha aprobado y que enfrenta dificultades de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos fiscales.
El proyecto “tiene tres grandes ejes, unos estímulos a la reactivación económica, la identificación de unas nuevas fuentes de ingresos tributarios y un ajuste en la regla fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a periodistas.
El gobierno aseguró que tanto la propuesta tributaria como el presupuesto del próximo año son consistentes con las metas previstas, de un déficit fiscal de 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y de crecimiento económico de 3%, establecidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
“A corto plazo, esto podría reducir el consumo privado, aunque a largo plazo, si el Gobierno mantiene una política fiscal responsable, podría estimular la inversión y el crecimiento económico”, dijo una nota del equipo de Scotiabank.
El gobierno no cuenta con una sólida mayoría en el Congreso para impulsar y aprobar sus proyectos económicos y sociales, lo que según analistas anticipa que las propuestas fiscales enfrentarán un difícil trámite.
El independiente Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió en julio que la cuarta economía de América Latina podría requerir ajustes adicionales para cumplir la regla fiscal en el 2024 y el 2025 ante eventuales riesgos sobre las metas de recaudo tributario, pese a los recientes anuncios de recorte de gastos.
