La medida, anunciada este lunes por el fiscal general del estado, James Uthmeier, acusa a Castro de conspiración para cometer asesinato en primer grado y se suma a los cargos presentados en mayo por la Justicia federal estadounidense.
La orden fue firmada por un juez después de que las autoridades de Florida reabrieran la investigación sobre el caso. Castro, de 95 años, era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y, según la declaración jurada citada por la Fiscalía, habría tenido un papel decisivo en la cadena de mando que autorizó el derribo.
“Raúl Castro ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro residentes de Florida”, afirmó Uthmeier, quien sostuvo que el estado seguirá buscando responsabilidades por el ataque. La Fiscalía señaló que el expresidente habría dado instrucciones a altos mandos militares para que derribaran las aeronaves cuando aparecieran en la zona, sin necesidad de consultar a otras autoridades.
El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate
El ataque ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando dos avionetas civiles Cessna de Hermanos al Rescate fueron derribadas por cazas MiG cubanos. Murieron sus cuatro ocupantes: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr., integrantes de una organización con sede en Miami dedicada a localizar y auxiliar a cubanos que intentaban abandonar la isla por mar.
Según la Fiscalía de Florida, las aeronaves habían despegado del aeropuerto de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade, y se encontraban fuera de las aguas territoriales cubanas cuando fueron destruidas con misiles aire-aire. La organización realizaba vuelos civiles de búsqueda y asistencia, y las avionetas no estaban armadas.
Uthmeier sostuvo que agentes del Gobierno cubano operaban en comunidades de Florida, recopilaban información de inteligencia y la enviaban a La Habana. Según la investigación, esos datos habrían ayudado a los pilotos militares cubanos a localizar las aeronaves.
La Fiscalía considera que Castro, quien entonces ocupaba también el cargo de primer vicepresidente de Cuba, formaba parte de la cadena de mando que tomó la decisión de autorizar el ataque. Estas afirmaciones forman parte de la acusación y deberán ser examinadas en el proceso judicial.
Un nuevo frente judicial para el expresidente cubano
La orden estatal se suma a la acusación formal presentada en mayo por la Justicia federal estadounidense, que incluye cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses por los mismos hechos. Florida había reabierto la investigación en marzo, casi tres décadas después del derribo.
El tribunal dispuso que Castro no tenga derecho a salir en libertad bajo fianza. El expresidente reside en Cuba y se retiró de sus cargos políticos en 2021, aunque mantiene influencia en la isla.
El caso se desarrolla en un momento de creciente presión de la Administración de Donald Trump sobre el Gobierno cubano. Washington ha endurecido las sanciones y adoptado nuevas medidas contra figuras vinculadas al poder en Cuba, en paralelo a la profunda crisis económica que atraviesa el país.
La orden de arresto representa un nuevo paso en los intentos de las autoridades estadounidenses de llevar el caso a los tribunales. Sin embargo, la medida no equivale a una condena y su ejecución plantea un escenario condicionado por la residencia de Castro en Cuba.
