Ciudad de Guatemala, 1 oct (VOA) – Funcionarios de la fiscalía secuestraron las actas electorales que registraron el avance del candidato Bernardo Arévalo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, en las que resultó ganador, al concluir un nuevo allanamiento a la sede de la autoridad electoral del país.
Las acciones de la fiscalía son el capítulo más reciente de la arremetida al proceso electoral, que incluye allanamientos, órdenes de captura, secuestro de documentos y peticiones para retirar la inmunidad a magistrados electorales para investigarlos.
Esto ha generado preocupaciones de organismos y gobiernos extranjeros de que se busque socavar el traspaso de poder y la democracia en la nación centroamericana.
Arévalo ha denunciado que la fiscalía general bajo el mando de Consuelo Porras utiliza a un grupo de políticos y funcionarios, que usando su poder, intenta evitar que él tome posesión al cargo en enero próximo.
Arévalo, del Movimiento Semilla y que se impuso en el balotaje a la ex primera dama Sandra Torres, ha ofrecido acabar con la corrupción, incluso, en la fiscalía.
Tensión en el poder electoral
Minutos tensos se vivieron la mañana del sábado en la sede del ente electoral, cuando decenas de empleados de la fiscalía y policías que les apoyaba empujaban a magistrados electorales que con sus cuerpos intentaron oponerse y evitar infructuosamente que se llevaran las actas.
El Tribunal transmitió en vivo cómo los fiscales y policías empujaban e insultaban a los jueces electorales por su oposición. El magistrado Maynor Franco, de 70 años, se aferró a una de las cajas que contenían las actas, mientras un joven empleado de la fiscalía, lo insultó y le pedía que la soltara para evitar que se lastimase.
Entre lágrimas la magistrada Blanca Alfaro pidió a los fiscales detenerse. Fue en ese momento entre el forcejeó cuando con fuerza fue empujada y cayó al suelo. Alfaro les pedía a los empleados públicos que recapacitaran al señalar que el secuestro de las actas era ilegal.
La víspera, la fiscalía realizó el cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de actas de resultados de elecciones.
El fiscal Rafael Curruchiche defendió la víspera las acciones ordenadas por el juez Fredy Orellana, y dijo que investigaban hechos denunciados por ciudadanos a quienes no ha querido identificar aduciendo que el proceso está bajo reserva.
La fiscalía defendió su actuar y dijo que tenía el aval de un juez.
Critican la acción “indignante”
La junta electoral del municipio de Tactic, del departamento de Alta Verapaz, una de las que causó más preocupación porque recibieron constantes amenazas de muerte y agresiones por participar en elecciones, rechazó en conferencia de prensa las acciones de la fiscalía, catalogándola como “indignante y violenta”.
Diversos sectores han convocado a protestas a partir del sábado para rechazar lo hecho por la fiscalía.
Tras los incidentes el magistrado Gabriel Aguilera explicó a la prensa que los fiscales “se llevaron las actas número 4 y 8 elaboradas por la Juntas Receptoras de Votos”, integradas por ciudadanos guatemaltecos que se ofrecen a participar como garantes en el proceso bajó la fiscalización de representantes de partidos políticos que participan en la contienda.
“Yo sostengo que lo que hay es un cadáver (en referencia a las cajas que contenían las actas) porque son los recuerdos de una elección de primera y segunda vuelta, los resultados para los guatemaltecos han sido debidamente certificados, ya están oficializados y eso no se puede cambiar con una diligencia fiscal”, indicó Alfaro.
Resultados en vilo
El tribunal certificó en agosto que Arévalo ganó en segunda vuelta la presidencia del país centroamericano frente a Torres, a quien le sacó casi el doble de ventaja.
Las actas secuestradas corresponden a todo el proceso electoral en primera vuelta donde los ciudadanos eligieron presidente y vicepresidente, diputados al Congreso, alcaldes locales y diputados al Parlamento Centroamericano, confirmó Aguilera.
David de León, vocero del Tribunal Supremo Electoral, confirmó el viernes un allanamiento y explicó que los funcionarios de la fiscalía buscaban las actas de resultado de elecciones que están resguardados en la sede electoral.
Curruchiche ha dicho que la investigación contra el proceso electoral no tiene que ver con el partido de Arévalo, aunque se trata de la misma causa y el mismo juez que ordena las acciones de la fiscalía.
Porras, Curruchiche y Orellana fueron sancionados por el gobierno estadounidense al ser señalados de obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir fallos judiciales con fines políticos.
La víspera, la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó la situación en Guatemala “de una persecución política similar a las que se llevan a cabo en regímenes autoritarios”, ante la nueva jornada en la que la fiscalía guatemalteca realizó el cuarto allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral en busca de actas de resultados de elecciones.
