Ciudad de México, 19 jun (dpa) – Las familias de 43 estudiantes desaparecidos hace casi nueve meses en México rechazaron hoy que uno de ellos fuera militar en activo, como reveló el Ministerio de Defensa en respuesta a una solicitud del semanario “Proceso”.
“Es una estrategia del gobierno para enfrentar al movimiento. Es mentira para nosotros”, dijo a dpa el portavoz de las familias, Felipe de la Cruz, vía telefónica desde la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa donde estudiaban los jóvenes.
La revista “Proceso” hizo un pedido formal de información a la Secretaría de la Defensa en abril para saber si había militares entre los desaparecidos. Sólo los restos calcinados de uno de los 43 jóvenes ha sido identificado con pruebas de ADN.
La respuesta, que fue afirmativa pero mantiene en secreto el nombre del militar, fue dada a conocer esta semana por la revista en su edición online y está firmada por el subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor, el general David Córdova Campos.
“Se hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”, indicó.
La consulta de “Proceso” buscaba determinar “el nivel de infiltración del gobierno” en la escuela, en la que estudiaron algunos de los líderes guerrilleros mexicanos más famosos de los años 1970, como Lucio Cabañas, y es conocida por su activismo de izquierda radical.
La Secretaría de la Defensa indicó que no podía revelar el nombre del militar porque “representa un riesgo real para la seguridad de la familia del militar desaparecido, ya que podrían ser identificados con facilidad, dando como resultado posibles atentados en su contra”.
No hubo una versión oficial de qué hacía el soldado entre los estudiantes.
Según afirmó De la Cruz, al conocer la información los padres se interrogaron unos otros y “no tienen conocimiento” de que sea cierto. “Hoy vemos cómo el Ejército pretende confrontar a los padres”, indicó.
Después de varios meses de investigaciones, la Procuraduría General de México concluyó que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados por el grupo criminal Guerreros Unidos, con la complicidad de policías municipales.
Según las autoridades, algunos de los detenidos por este caso, que suman alrededor de un centenar, dijeron que la razón había sido que los Guerreros Unidos pensaban que entre los jóvenes se habían infiltrado integrantes de un grupo rival.
Las familias han exigido incluso a las autoridades ingresar a un cuartel del Ejército en la ciudad de Iguala en busca de indicios sobre los estudiantes.
Según sostienen, hubo complicidad de los militares por acción o por omisión la noche en que los jóvenes desaparecieron después de un ataque inicial por parte de policías que dejó seis muertos, tres de ellos estudiantes y los demás personas ajenas.
También un grupo de expertos designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido ingresar al cuartel, como parte de una investigación independiente que llevan adelante.
