Expresidente Fujimori pide a Congreso de Perú pensión vitalicia, guardaespaldas, auto y combustible

Lima, 7 may (VOA) – El excarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori pidió al Congreso que le otorgue una pensión vitalicia, un guardaespaldas, un auto y combustible, informó el lunes su abogado.

Elio Riera, defensa de Fujimori, dijo a la televisora local N que envió un oficio al Congreso donde solicitó el cumplimiento de una ley que otorga una pensión presidencial equivalente a 4.182 dólares mensuales.

El exmandatario fue excarcelado en diciembre luego de estar preso desde 2007 en una prisión de la capital peruana. Fue condenado en 2009 como autor intelectual del asesinato de 25 peruanos durante su gobierno a manos de un grupo de militares en 1991 y 1992.

El expresidente no se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil. Fujimori tiene otras tres sentencias por corrupción y debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.

El Congreso está dominado por una coalición de partidos conservadores, entre los que está incluido el partido fujimorista.

El trámite administrativo, que podría demorar un mes, incluye el préstamo de un auto, hasta 150 galones de combustible y una persona asignada a su cuidado que debe ser pagada por el Estado, de acuerdo a una decisión parlamentaria que fue adoptada en 2016.

Riera comentó que Fujimori, de 85 años, vive de los ingresos por las ventas de su libro de sus memorias y sus ingresos como jubilado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, donde fue rector y profesor.

Desde inicios de año, Fujimori ha estado activo en las redes sociales contando su versión de los hechos ocurridos en la década de su gobierno (1990-2000).

El expresidente logró su libertad luego que el Tribunal Constitucional reviviera un polémico indulto presidencial humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Los expertos interpretaron que Kuczynski otorgó el indulto para ganar apoyo parlamentario hacia su débil gobierno de parte de legisladores del partido fujimorista.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el más alto tribunal latinoamericano en esa materia y al que Perú está sometido, pidió en diciembre al gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, no ejecutar la orden del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori. Pese a ello, Perú liberó al expresidente por lo que el país se encuentra en desacato.

Fujimori se fugó en 2000 a Japón desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su gestión sobornando a congresistas opositores. En 2005, viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007.

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