Ciudad de México, 17 ago (dpa) – Un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy en México su preocupación por la pérdida y ocultamiento de evidencias en la investigación de la desaparición en septiembre pasado de 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, en el estado de Guerrero.
Durante la presentación de los avances de su trabajo, la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz informó que se encontraron prendas de vestir de los estudiantes un día después de su desaparición, evidencias que no fueron reportadas por las autoridades, lo que consideró como “un hecho grave”.
Explicó que la ropa fue recogida en dos autobuses que utilizaron los jóvenes para llegar a Iguala, y que no había sido registrada ni procesada por peritos, por lo que solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que sea examinada y resguardada.
Asimismo, señaló que se reunirán con los familiares de los jóvenes para que reconozcan las prendas.
“La evidencia fue recogida el 27 de septiembre (un día después de ocurridos los hechos en Iguala). Ya hemos tenido una reunión de preparación con los familiares para la identificación de la ropa, ya que puede ser algo impactante psicológicamente”, añadió el jurista español Carlos Beristain en conferencia de prensa.
Los estudiantes de la escuela rural del magisterio “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron después de ser detenidos por policías municipales de Iguala el 26 de septiembre pasado, cuando se dirigían a una protesta en autobuses.
Según la fiscalía, los jóvenes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero. Sin embargo, sólo se han podido identificar hasta ahora los restos de uno de los estudiantes. En el marco de los procesos ya se ha detenido a más de 100 personas.
El grupo de expertos sostuvo también que existió un video del momento en que los policías detuvieron a los jóvenes cerca al Palacio de Justicia del municipio de Iguala, pero que fue aparentemente destruido.
“Por medio de testimonios supimos que había una grabación de ese día y cuando la PGR la solicitó, le informaron que ya no la tenía”, dijo Paz, quien pidió una investigación al respecto.
Por su parte, el abogado chileno Francisco Cox denunció que el Estado ha impedido la realización de entrevistas con militares del 27 Batallón del Ejército asentado en Iguala.
“Tras tres meses de haber presentado la solicitud, el Estado nos respondió que hagamos la entrevista por escrito y que no podíamos estar presentes mientras los militares respondían el cuestionario, así que hemos decidido no entregarlo”, sostuvo.
El grupo de expertos de la CIDH inició sus labores en marzo y terminarán sus diligencias en septiembre, cuando presentarán el informe de sus seis meses de trabajo. Empero, anunciaron que han solicitado a la Comisión y al gobierno una ampliación de seis meses para continuar con las investigaciones.
