Managua, 30 abr (elmundo.cr) – Un grupo de expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos ha mostrado su repulsa a la violenta actuación de las fuerzas de seguridad nicaragüenses durante las protestas contra la reforma de la seguridad social anunciada por el presidente, Daniel Ortega, el pasado 18 de abril.
Desde esa fecha, han fallecido por lo menos 30 personas, mayoritariamente estudiantes universitarios, un periodista y dos policías, decenas de personas han resultado heridas o detenidas y un número por especificar han desaparecido.
“El alto número de muertes de manifestantes es una clara indicación de que se empleó un uso excesivo de la fuerza, en violación de los principios de necesidad y proporcionalidad, tal como lo requieren las leyes y normas internacionales para hacer legal el uso de la fuerza”, señalaron los relatores especiales de las Naciones Unidas.
De confirmarse estos actos, añadieron, los fallecimientos tendrían que ser considerados “como ejecuciones ilegales incurriendo el Estado en responsabilidad por actos contrarios al Derecho Internacional”.
Los expertos indicaron que el uso de la violencia no es el camino adecuado para responder a las demandas políticas y sociales de la población.
Derecho a la libertad de expresión
Asimismo, expresaron su repulsa a las campañas de desprestigio contra los defensores de derechos humanos, los ataques contra periodistas que cubrían los eventos y la orden de bloqueo de varios canales de televisión.
“Recordamos que los derechos a la libertad de expresión y a la protesta pacífica son la piedra angular de las sociedades democráticas, sin las cuales no puede haber una solución pacífica y duradera a los conflictos”, declararon.
Los relatores solicitaron al gobierno nicaragüense espacio suficiente para que la sociedad se exprese libremente, siguiendo los procedimientos del derecho internacional, con el fin de establecer los cimientos de un dialogo constructivo con todas las partes interesadas.
Además, pidieron que se abran las correspondientes investigaciones para llevar a los responsables de las muertes ante la justicia.
