Redacción, 24 nov (elmundo.cr) – Dos duros reveses sufrió el régimen castrocomunista de Cuba por cuenta de parlamentarios canadienses y de gobiernos con asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que cuestionaron los fondos recibidos de Canadá para mayor represión en contra de la población y la delicada situación de los derechos humanos en la isla.
En un foro realizado en el Parlamento canadiense, doce legisladores pertenecientes a los dos principales partidos del país norteamericano se reunieron con líderes opositores cubanos, con el fin de poner en contexto el tema de los recursos económicos que apropia Canadá a la dictadura de La Habana, a través del Club de París.
El coordinador nacional de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, dijo durante el encuentro que “es hora ya de que se hagan preguntas precisas en el Parlamento de Canadá sobre a dónde van los fondos públicos dados al Club de París por el gobierno canadiense, para el beneficio del régimen comunista de Cuba”.
Agregó que “Canadá tiene que dejar de subsidiar al vicioso régimen totalitario de Cuba. La democracia canadiense está contribuyendo directamente a la represión de los cubanos y, además, incoherentemente, a un régimen que es beligerante prorruso en la guerra contra Ucrania”.
Por su parte, el activista y defensor de los derechos humanos cubanocanadiense Michael Lima ofreció una presentación sobre la realidad cubana y cómo es afectada por la política canadiense hacia Cuba.
Lima se refirió al rol protagónico que puede tener Canadá tanto en respuesta a la represión del régimen en Cuba, como en pro de la liberación de los presos políticos.
En junio de 2023, una delegación encabezada por Gutiérrez-Boronat también visitó Canadá y pidió al Parlamento el fin de los subsidios al régimen de La Habana, bajo críticas sobre e destino que se le da los fondos canadienses.
Entretanto, en la última revisión periódica llevada a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el régimen comunista de Cuba se vio bajo escrutinio tras una evaluación exhaustiva de las violaciones a los derechos fundamentales en la isla.
Organizaciones internacionales de renombre, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Human Rights Council presentaron informes críticos sobre la situación en Cuba, destacando preocupaciones por los presos políticos, la represión a manifestantes pacíficos y los abusos en contra de la población en diversos ámbitos.
Ante los cuestionamientos, el representante diplomático cubano, Bruno Rodríguez, respondió desafiante a las acusaciones, negando la existencia de presos políticos, rechazando evidencias de violencia policial y objetando denuncias sobre explotación laboral de profesionales enviados al extranjero.
Sin embargo, gobiernos democráticos europeos expresaron inquietudes y formularon preguntas clave. Asimismo, demandaron acciones concretas para garantizar las libertades fundamentales y el respeto a los derechos humanos en Cuba.
En este sentido, países como Alemania, Suecia, Liechtenstein e Inglaterra interrogaron sobre ratificaciones de convenciones, acceso a internet, abolición de la pena de muerte y libertad de expresión, entre otros temas, evidenciando su preocupación por la situación que se vive en la nación insular.
Estos interrogantes, basados en información recopilada por las embajadas de esos países en Cuba, buscan arrojar luz acerca de una realidad que el régimen cubano ha intentado ocultar, de acuerdo con expertos sobre la realidad cubana.
El analista político internacional Luis Zúñiga dijo que “el representante del régimen comunista cubano tampoco quiso responder sobre los maltratos y abusos en las prisiones y por qué el pueblo cubano está sometido a cortes de electricidad de hasta 16 horas al día, mientras en los hoteles para turistas extranjeros nunca falta la electricidad”.
Según Zúñiga, “los representantes de gobiernos democráticos que conocen la actitud negativa y desafiante con que el régimen comunista cubano responde cada vez que se le mencionan hechos de esa naturaleza en la isla, prefieren poner por escrito sus quejas, en forma de preguntas que el régimen cubano tendrá que responder, aunque de manera privada”.
