Madrid, 30 jun (dpa) – La organización ecologista Greenpeace desplegó hoy una gran pancarta en una grúa situada junto al Congreso de los Diputados de Madrid para protestar por la inminente entrada en vigor de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el gobierno español, denominada por sus críticos “ley mordaza”.
Según informaron medios españoles, tres activistas fueron detenidos por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad tras colocar el cartel, de 32 metros, que incluía el lema “La protesta es un derecho”.
La organización ecologista denunció a través de un comunicado que con la entrada en vigor de la nueva normativa, que tendrá lugar el miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “el ejercicio de los derechos de expresión, reunión y manifestación estarán a merced de la interpretación que realicen las fuerzas de seguridad del Estado y el Ministerio del Interior”.
La denominada “ley mordaza” es una de las más polémicas impulsadas por el gobierno conservador de Mariano Rajoy. Cuestionada por los grupos de la oposición y por parte de la ciudadanía, fue aprobada en marzo por las Cortes españolas solo con el apoyo del Partido Popular (PP), el del presidente del gobierno español.
El Ministerio del Interior español comenzó a esbozarla en 2013, tras las manifestaciones que en los momentos más duros de la crisis económica intentaron rodear el Congreso de los Diputados en varias ocasiones.
Los que rechazan la nueva norma denuncian que limita libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos. La oposición parlamentaria presentó recientemente un recurso contra la disposición ante el Tribunal Constitucional español, alegando que vulnera hasta 12 artículos de la Carta Magna española.
El texto contempla multas de hasta 600.000 euros para las conductas consideradas “muy graves”, como manifestarse sin comunicarlo en lugares “críticos” -como centrales nucleares o aeropuertos- o celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas prohibidas con anterioridad.
Las protestas realizadas ante el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos regionales o altos tribunales estarán consideradas “infracciones graves” y serán multadas con cantidades que van de los 601 a los 30.000 euros.
Lo mismo ocurrirá si se impide la ejecución de desahucios ordenados por un juez, si hay desórdenes en la vía pública, desobediencia o resistencia a la autoridad o una negativa a disolver reuniones o manifestaciones.
Otro de los puntos más polémicos de la ley es la legalización de las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera entre España y Marruecos, que permiten la repatriación inmediata al país del norte de África de los subsaharianos que logran entrar ilegalmente en territorio español saltando las vallas fronterizas.
