Madrid, 1 jul (dpa) – La controvertida ley de seguridad ciudadana impulsada en España por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que contempla multas de hasta 600.000 euros por manifestarse en “lugares críticos”, entró hoy en vigor en medio de la polémica y las protestas.
Unas 500 personas se concentraron a medianoche en torno al Congreso de los Diputados de Madrid para mostrar su rechazo por la nueva norma, apodada entre sus críticos como “ley mordaza”. Los manifestantes lanzaron proclamas a favor de la libertad de expresión y mostraron pancartas ilustradas con caras con mordazas.
Poco antes, varios activistas de la organización ecologista Greenpeace fueron detenidos en Madrid tras colgar desde una grúa cercana al Congreso de los Diputados una gran pancarta con el lema “La protesta es un derecho”. Horas después fueron puestos en libertad.
Las protestas continuaron hoy, cuando cuatro miembros del colectivo feminista Femen se manifestaron con el torso descubierto en el centro de Madrid con banderas instando a la “desobediencia” y pidiendo la derogación de la que denominan “ley mordaza”.
También desde asociaciones de prensa del país denunciaron en las últimas horas que la norma supone “un serio obstáculo” al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información y advirtieron de que su puesta en marcha tendrá como consecuencia un periodismo “menos libre” en el país.
La nueva ley de seguridad ciudadana es una de las iniciativas más polémicas del gobierno conservador de Rajoy. Cuestionada por los grupos de la oposición y por parte de la ciudadanía, fue aprobada el pasado marzo por las Cortes españolas solo con el apoyo del Partido Popular (PP), de Rajoy.
La mayor parte de los grupos de la oposición la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, alegando que vulnera 12 artículos de la Carta Magna de España. Denuncian que recorta algunas de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, como el de manifestación o información.
El gobierno, por el contrario, la considera “plenamente garantista” y defiende que no limita esos derechos “más allá” de lo que actualmente contempla el ordenamiento jurídico español, según señaló hoy en una entrevista a la televisión pública española el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
“Hoy no se pueden celebrar manifestaciones ante el Parlamento cuando está en periodo de sesiones y eso ya estaba en nuestro ordenamiento, eso está ya en la Constitución”, dijo.
La nueva ley era una de las propuestas “estrella” del Ministerio de Interior español en esta legislatura. Comenzó a esbozarla en 2013, tras las manifestaciones que en los momentos más duros de la crisis económica intentaron rodear en varias ocasiones el Congreso de los Diputados.
Para las protestas llevadas a cabo ante la Cámara baja española, el Senado, los parlamentos regionales o altos tribunales, el texto que hoy entró en vigor contempla multas de 601 a 30.000 euros, al considerarlas “infracciones graves”.
También incluye sanciones por fotografiar a policías, intentar paralizar desahucios u organizar protestas en lugares “críticos”, como centrales nucleares o aeropuertos. En el último caso, las multas pueden ascender hasta los 600.000 euros.
“Que alguien se oponga al cumplimiento de una sentencia está fuera de un estado de derecho”, dijo hoy Catalá en alusión a los colectivos antidesahucios que han intentado evitar cientos de desalojos de familias vulnerables de sus viviendas durante la crisis económica.
Otro de los puntos más polémicos de la ley es la legalización de las llamadas “devoluciones en caliente” de inmigrantes en la frontera entre España y Marruecos, que permiten la devolución inmediata al país del norte de África de los subsaharianos que logran entrar ilegalmente en territorio español saltando las vallas fronterizas.
