Madrid, 26 may (dpa) – El Tribunal Constitucional español anuló parte de la llamada ley antidesahucios de la región de Andalucía (sur), que aprobada en 2013 por el gobierno regional, preveía la posibilidad de expropiar viviendas a bancos para evitar el desalojo de familias en riesgo de exclusión social, informaron hoy medios españoles.
El Alto Tribunal aceptó parcialmente el recurso interpuesto contra la normativa por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy al considerar que ésta invade la competencia exclusiva del Estado en materia de “coordinación de la planificación general de la actividad económica” y obstaculiza otras medidas del Ejecutivo nacional.
El decreto-ley fue aprobado en abril de 2013 por el Ejecutivo de Andalucía, integrado entonces por el Partido Socialista (PSOE) e Izquierda Unida (IU), con el objetivo de “defender” a los ciudadanos “frente al abuso de los bancos”, según informó en su momento el “número dos” del gobierno andaluz.
El Constitucional considera ahora que el Estado cuenta ya con medidas que permiten suspender los desalojos y que promueven un fondo social de viviendas procedentes de bancos para facilitar el arrendamiento a personas que pierden las suyas por no poder hacer frente al pago de las hipotecas.
El tribunal, que acepta las razones de urgencia expuestas por el Ejecutivo andaluz para legislar en esta materia en medio de una dura crisis económica que provocó cientos de desahucios en todo el país, anula también por un aspecto formal algunos preceptos del decreto-ley por entender que restringen el derecho a la propiedad.
El Partido Socialista de Andalucía expresó hoy su respeto por la decisión judicial y defendió la existencia de mecanismos a nivel regional para ayudar a las personas en riesgo de desalojo.
Izquierda Unida, tercer grupo político en el Parlamento español e impulsor del decreto-ley aprobado en Andalucía, criticó la sentencia del Alto Tribunal y reclamó una reforma de la Constitución española para proteger a quienes se encuentran en esta situación.
La noticia se conoció dos días después de la celebración de comicios locales y regionales en España, tras los que una de las activistas antidesahucios más conocidas en el país, Ada Colau, se pondrá al frente del ayuntamiento de Barcelona, la segunda ciudad más importante del país.
También es posible que en Madrid gobierne la ex jueza Manuela Carmena, líder de una plataforma política de izquierda, quien defiende medidas para evitar que las personas desalojadas de sus viviendas se queden en la calle.
