El Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump y con Marco Rubio como secretario de Estado, anunció este miércoles sanciones formales contra Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los territorios palestinos ocupados desde 1967. La medida incluye el bloqueo de bienes y activos, así como la prohibición de entrada al país, en respuesta a lo que Washington calificó como “antisemitismo descarado” y colaboración directa con el Tribunal Penal Internacional (TPI) para perseguir a ciudadanos estadounidenses e israelíes.
“La campaña política y económica de Albanese contra Estados Unidos e Israel ya no será tolerada. Siempre apoyaremos a nuestros socios en su derecho a la legítima defensa”, expresó Rubio en la red social X.
Albanese ha sido una voz crítica de la ofensiva israelí sobre Gaza, llegando incluso a acusar a Israel de crímenes de guerra y genocidio. En su más reciente informe, vinculó a grandes firmas estadounidenses como BlackRock y Vanguard con lo que describió como una “economía del genocidio”, al señalar su supuesto lucro por inversiones relacionadas con el conflicto.
Según el comunicado oficial, la relatora ha enviado “cartas amenazadoras a decenas de empresas estadounidenses” en sectores como defensa, tecnología y energía, instando al TPI a procesarlas junto a sus ejecutivos. Esto, según Washington, representa una “campaña de guerra económica” que vulnera la soberanía de ambos países.
La decisión también refleja la postura ya adoptada por Estados Unidos contra el propio Tribunal Penal Internacional, al que acusa de emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant.
En paralelo a estas sanciones, altos funcionarios de EE. UU., Israel y Catar sostuvieron reuniones en la Casa Blanca para avanzar en un posible acuerdo de alto el fuego de 60 días en Gaza, incluyendo la liberación de rehenes israelíes. Pese a los avances, persisten diferencias sobre la posible retirada del Ejército israelí de ciertas zonas del enclave palestino.
La medida contra Albanese subraya el endurecimiento de la política exterior estadounidense hacia la ONU bajo el actual gobierno, especialmente en temas vinculados a Israel, y confirma que Washington no tolerará iniciativas internacionales que, según su criterio, busquen judicializar su política exterior o la de sus aliados.
