Redacción, 20 nov(elmundo.cr)- En el Día Internacional de la Memoria Trans, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda la grave situación de violencia y discriminación a la que las personas trans están sometidas.
La CIDH urge a los Estados de la región a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a la violencia y la exclusión social contra personas trans, así como para garantizar plenamente el acceso de las personas trans a sus derechos económicos, sociales, y culturales.
Según los datos aportados por la sociedad civil, la mayoría de las mujeres trans que son asesinadas son menores de 35 años de edad. En relación a la situación de los hombres trans – un grupo muy invisibilizado – la CIDH ha recibido información sobre la violencia que sufren, la cual ocurre en diversas esferas, sobre todo en el ámbito de la familia y en los sectores de salud y educación.
La CIDH señaló, en su informe sobre la “Violencia contra personas LGBTI” , que “la violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación en la sociedad en general y dentro de la familia, obstaculizan las posibilidades de que personas trans tengan acceso a educación, servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal”.
La Comisión observa que la exclusión y la pobreza suelen empujar a las personas trans hacia la economía informal y, especialmente en el caso de las mujeres trans, al trabajo sexual. De acuerdo a la información recibida por la CIDH, aproximadamente el 90% de las mujeres trans en Latinoamérica y el Caribe ejerce el trabajo sexual como medio de supervivencia, lo cual exacerba su vulnerabilidad a la violencia y las expone a la criminalización.
La Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la CIDH, Soledad García Muñoz, afirmó que “las políticas de reconocimiento que avanzan en la región, referidas por ejemplo a leyes de no discriminación, identidad de género, unión civil o matrimonio igualitario, deben suponer también avances en el acceso a los derechos a la educación, la salud, el trabajo, entre otras, tanto de las personas LGBTI como de sus familiares, sin discriminación.
Por otra parte, la Comisión resalta las dificultades que enfrentan las personas trans para acceder al sistema de salud y a transformaciones corporales de calidad y médicamente supervisadas, lo que le puede generar complicaciones de salud e incluso la muerte.
Asimismo, la CIDH ha tomado conocimiento sobre la falta de capacitación del personal de salud para atender a las personas trans. El estigma, la discriminación, el abuso y la violencia disuaden a las personas trans de solicitar servicios de salud.
En este sentido, la CIDH recuerda, como ha planteado en su informe preliminar sobre “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América”, que “la situación que afecta a algunas personas trans relegándolas a círculos de pobreza, exclusión y criminalización se exacerba por la inexistencia de normativas que permitan el reconocimiento de su identidad de género de forma sencilla, expedita y no patologizante, así́ como también por la falta de transversalización de la perspectiva de identidad de género en las políticas públicas de los Estados de la región, y la no adecuación de dichas políticas a las necesidades y diferentes realidades de las personas trans”.
El Comisionado Presidente Francisco Eguiguren Praeli, Relator sobre los Derechos de las personas LGBTI, expresó que “para lograr una inclusión integral de las personas trans en los diferentes ámbitos y disminuir las tasas de pobreza que les afectan, es necesario que los Estados redoblen esfuerzos en el diseño e implementación de políticas públicas que complementen el reconocimiento de la identidad de género”.
Por último, la CIDH recuerda que es deber de los Estados investigar con la debida diligencia los asesinatos y otros actos de violencia cometidos contra las personas trans, incluyendo la apertura de líneas de investigación que tomen en cuenta si los asesinatos fueron cometidos debidos a la identidad o expresión de género de la víctima, sancionar a las personas que resulten responsables, y reparar a las víctimas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos y elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
