Washington, 13 feb (VOA) – La secretaria de Justicia del presidente Donald Trump, Pam Bondi, anunció el miércoles que demandó a funcionarios del estado de Nueva York por lo que asegura son fallas en la aplicación de la ley federal de inmigración.
En su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo la semana pasada, Bondi acusó a los dirigentes de Nueva York de dar prioridad a los inmigrantes irregulares “sobre los ciudadanos estadounidenses”.
Bondi dijo que el gobierno federal demandó a la fiscal general de Nueva York, Letitia James y a la gobernadora Kathy Hochul por una ley estatal que permite otorgar licencias de conducir a personas que podrían no estar en Estados Unidos legalmente.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Albany (Nueva York), alega que la ley neoyorquina viola una disposición de la Constitución de EEUU que establece que la legislación federal prevalece sobre las leyes estatales y locales que puedan entrar en conflicto con ella.
La demanda solicita una orden judicial que prohíba a Nueva York aplicar la ley.
“Este es un nuevo Departamento de Justicia y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses”, afirmó Bondi, quien estaba acompañada por agentes del FBI, de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y de la Administración de Control de Drogas que estaban alineados detrás de ella.
“Millones de inmigrantes ilegales con antecedentes violentos han inundado nuestras comunidades, trayendo violencia y drogas mortales con ellos”, indicó la secretaria.
La fiscal James dijo en un comunicado que está preparada para defender las leyes del estado, que, según ella, “protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras nuestras comunidades”.
Hochul, por su parte, aseguró que “Nueva York está orgullosa de que inmigrantes de todo el mundo vengan aquí en busca de una vida mejor, y estamos protegiendo a todos los neoyorquinos tomando medidas enérgicas contra los criminales violentos”.
La querella se presenta días después de que el Departamento de Justicia demandó a la ciudad de Chicago, alegando que sus leyes de “santuario” estaban obstaculizando los esfuerzos federales para hacer cumplir las leyes de inmigración.
