Washington, 2 sep (dpa) – El Defensor del Pueblo de Colombia y el alcalde de la ciudad de Cúcuta denunciaron hoy ante la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones sistemáticas de derechos humanos de colombianos en Venezuela a raíz de la crisis fronteriza entre estos dos países.
El alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, y el Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálara, solicitaron por separado a la CIDH que otorgue medidas cautelares o de protección a los afectados.
“Luego de estar acompañando a los colombianos en la frontera y verificar las violaciones de los derechos humanos, a las deportaciones que se han hecho sin fórmula de juicio violando la misma normatividad de Venezuela, viendo cómo se rompe la unidad familiar, cómo dejan a los niños al otro lado de la frontera, viendo los maltratos físicos a los que han sido sometidos los colombianos, hemos decidido solicitar formalmente a la CIDH medidas cautelares”, explicó Otálara.
Colombia quiere que la CIDH de “instrucciones a Venezuela de no continuar con esa violación sistemática de los derechos humanos”.
La solicitud de medidas cautelares presentada por el Defensor del Pueblo se basa en las 1.300 quejas que formalmente ha recibido la Defensoría del Pueblo de colombianos que han sido “irregularmente deportados o quienes han sido desplazados obligatoriamente por el trato inhumano al que han sido sometido”.
El Defensor del Pueblo considera que la declaración del estado de excepción en la frontera por parte de Nicolás Maduro “no serviría para justificar este tipo de acciones”. “Si usted observa detenidamente la misma Constitución venezolana encontrará que ni siquiera en estato de excepción se puede suspender derechos tan fundamentales”, añadió el Defensor del Pueblo.
Otálara denunció que “hay más de 70 colombianos privados de libertad sin fórmula de juicio, sin que se les permita a sus familiares acceder a ellos, desconociendo el estado y paradero de ellos en estos momentos”.
“No podemos permitir que Nicolás Maduro se convierta en el nuevo Hitler de América. Así empezó Hitler: haciendo deportaciones masivas, persiguiendo a las personas porque eran de una raza… en este caso, porque son colombianos… marcando las casas…y yo le pido a las organizaciones internacionales que paren esa situación de Nicolás Maduro”, dijo el alcalde, que llegó a la CIDH con una maleta negra pequeña llena de documentos y pruebas.
Entre las pruebas presentadas por el alcalde ante la CIDH hay denuncias de “personas a los que han deportado y los han expulsado por ser colombianos, que los guardias les golpearon y hay mujeres abusadas sexualmente. A una mujer un guardia le obligó a hacer sexo oral para poder salir de Venezuela”, explicó el alcalde esta ciudad fronteriza colombiana.
Ramírez también denunció la situación de “1.512 niños que viven en Venezuela y que como son hijos de colombianos tienen derecho a estudiar en Colombia gratis y nos les dejan pasar a estudiar”.
Tanto el alcalde como el Defensor del Pueblo agradecieron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que vaya a viajar el próximo 5 de septiembre a Cúcuta.
Ramírez y Otálora extendieron la invitación a los comisionados de la CIDH a visitar la zona fronteriza para que puedan ver con sus propios ojos lo que está pasando.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, pidió también hoy a la CIDH que expida medidas cautelares para proteger a los colombianos que viven en Venezuela.
Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores limítrofes y ordenó las deportaciones, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas armadas que operan en la zona.
Cifras del gobierno colombiano indican que 1.097 personas han sido deportadas desde que empezó la crisis, aunque cerca de 10.000 han cruzado la frontera a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación, según Naciones Unidas.
