Buenos Aires, 26 abr (elmundo.cr) – Una denuncia presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusa a la multinacional tabacalera Philip Morris International (PMI) de supuesta corrupción y manipulación de leyes en Argentina para obtener ventajas competitivas y perjudicar a la competencia.
La queja de la ONG Transparency, que también señala posibles prácticas similares en otros países de Latinoamérica, detalla un esquema de sobornos a diputados, senadores y miembros del Poder Ejecutivo para obtener la aprobación de leyes que favorecerían a PMI con reducción de impuestos y la autorización para vender productos sin los controles sanitarios necesarios.
Entre los principales acusados se encuentran Federico Sturzenegger, asesor del presidente Javier Milei y exasesor del presidente Mauricio Macri, señalado como el principal impulsor de la “Ley Masalin” que beneficia a PMI; y Nicolás Posse, jefe de Gabinete del presidente Milei, con vínculos con British American Tobacco y el lobbyista del tabaco Dante Sica.
La denuncia también menciona al Estudio Jurídico Marval, acusado de redactar leyes a favor de PMI y coordinar el presunto pago de sobornos a legisladores; y a los diputados Ricardo López Murphy y Juan Manuel López, quienes habrían “presionado” para la aprobación de estas leyes en el Congreso.
El documento presentado ante la SEC, del que esta agencia estadounidense acusó recibo, muestra cómo PMI habría utilizado estrategias similares en el pasado para obtener ventajas, como la Ley 26467 de 2015 y la Ley 27.430 de 2017, que establecieron un sistema de impuestos que aparentemente perjudicó a las empresas nacionales y habría favorecido a la multinacional.
Actualmente, existe una denuncia penal en curso contra PMI por estas prácticas, en la que se han ordenado diversas medidas probatorias, incluyendo la solicitud de testimonios de legisladores y funcionarios públicos.
La denuncia ante la SEC busca que se investigue a fondo las prácticas de PMI en Argentina y otros países de la región, ya que estas acciones podrían causar pérdidas a los accionistas y perjudicar la integridad del sistema financiero, según los querellantes.
“Estas acusaciones son extremadamente graves y deben ser investigadas a fondo”, declaró un representante de una organización de consumidores. “La corrupción y la manipulación de leyes no pueden ser toleradas, especialmente cuando se trata de una empresa que comercializa productos que dañan la salud pública.”
Hasta el momento, PMI no ha emitido comentarios sobre la denuncia.
