San José, 9 mar (VOA) – Al menos 25 organizaciones defensoras de derechos humanos expusieron el miércoles, en una audiencia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por el aumento de la violencia hacia la prensa en la región latinoamericana.
Paula Saucedo, de la organización Voces del Sur, dijo que América Latina es actualmente la región más letal y peligrosa para la prensa.
“Desde 2018 registramos 83 asesinatos, de los cuales 39 se cometieron solo en 2022. Esto significa un crecimiento del 225 % si se compara con los 12 casos ocurridos en 2021”, señaló en la audiencia “Protección de personas defensoras y periodistas en la región”.
Según Saucedo, en el 70 % de los ataques a la prensa en América Latina, los Estados son los perpetuadores. “La prensa también es objeto de privaciones ilegales de la libertad, exilio, acoso judicial, amenaza, ataques físicos y estigmatización”, agregó.
En 2022, hubo 4.699 alertas por violaciones a la libertad de prensa en la región. “Esto significa que en América Latina y el Caribe se agrede a los periodistas cada dos horas por ejercer su profesión”, dijo la defensora.
Asimismo, el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Jonathan Bock, dijo que los líderes políticos de la región aplican constantemente un discurso estigmatizante contra de la prensa.
“En 2022, la red Voces del Sur reportó 897 alertas por discurso estigmatizarte contra el periodismo. Esto debilita el debate público y la pluralidad de ideas. Además, fomenta la violencia contra el periodismo y la desinformación en línea, pues son las autoridades quienes usan redes sociales para generar desconfianza entre la ciudadanía y restarle legitimidad a medios de comunicación”, dijo.
Un poder judicial cómplice
Las organizaciones sostuvieron que, en la región, no hay instituciones de justicia que puedan investigar y atender la violencia hacia los periodistas y defensores de derechos humanos. Y que en varios casos, es el mismo Poder Judicial el que participa de esas violaciones a derechos.
“En Guatemala se registraron, en 2022, 10 casos de criminalización y acoso por el Órgano Judicial a la prensa. En El Salvador, se alertó sobre reformas legales que criminalizan a periodistas que realizan coberturas sobre hechos de violencia por pandillas. En el caso de Honduras, del 2001 al 2022, 96 periodistas fueron asesinados y apenas un 10 % de los casos fue judicializado”, señaló Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Cárcamo agregó que en la mayoría de países de América Latina no existe independencia en las fiscalías. La defensora de derechos humanos puso el ejemplo de México, país en el que señaló que la tasa de impunidad en los crímenes contra la prensa es de casi el 98 %. En Colombia, es del 99 % en torno a denuncias por amenazas.
Cárcamo recordó, ante la CIDH, que la seguridad de los periodistas es una obligación estatal que involucra la prevención, protección y procuración de justicia.
Algunas de las peticiones que las organizaciones hicieron ante la CIDH fueron: el cese de la persecución judicial contra periodistas, la libertad de los periodistas que aún están detenidos y que el Mecanismo de Acciones Conjuntas CIDH – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, publique un informe sobre buenas prácticas y recomendaciones técnicas a ser adoptadas por las instituciones de protección en América Latina.
