Washington, 11 dic (VOA) – El derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de sus embarazos en Estados Unidos experimentó este 2022 un vuelco sin precedentes, después de 49 años que el acceso al procedimiento se consideraba garantizado por la Constitución en la primera potencia mundial.
En la actualidad cada Estado de los 50 de la Unión Americana decide si garantiza o restringe este derecho a las mujeres. Los enconados debates sobre si permitir y restringir el procedimiento impregnan a todos los sectores de la sociedad y distancian aún más a liberales y conservadores.
La revocatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de mayoría conservadora -a finales de junio- con seis votos a favor y tres en contra del caso Roe vs. Wade, que desde 1973 consideraba constitucional el derecho a abortar, estremeció a la opinión pública y la prensa estadounidense consideró la medida como la más trascendentales de las últimas décadas.
Diez estados conservadores ya tenían avanzadas leyes para ponerlas en vigor inmediatamente después que la CSJ diera el veredicto, estas son denominadas “leyes resorte” de las que Arkansas, Idaho, Misisipi, Misuri, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming estaban preparados, algunos lo harían justo después del fallo y otros de manera escalonada en un límite de 30 días.
Dos estados más avanzaron rápido para aprobar nuevas leyes para restringir el derecho de las mujeres a abortar en cualquier momento de la gestación, En otro seis se amplio las llamadas “bandas” que consideran o recortan los tiempos en que se puede practicar un aborto bajo algunas restricciones.
Acciones para garantizar derecho a las mujeres
La batalla también se abrió en los estados más liberales de las franjas Pacífico y Atlántico del país para proteger a sus ciudadanas. En otros subió el tono de debates y las presiones llevaron el tema a referendo en las elecciones del 8 de noviembre.
Para sorpresa, regiones con gobiernos de tendencia conservadora como Michigan, Montana y Kentucky ganó la opción en voto popular a favor de permitir el derecho de las mujeres a elegir, por suficiente mayoría.
Otros como California, Vermont y Kansas el resultado fue aplastante y en dos de estos estados el resultado de referendos dio la llave para blindar en sus constituciones estatales el derecho a abortar.
El juez del Constitucional Samuel A. Alito, una de las figuras del ala más conservadora del Supremo de EEUU escribió en la valoración de su voto que “Roe estuvo terriblemente equivocada desde el inicio”.
En 1973, los jueces de aquella época dictaminaron, después de revisar decenas de precedentes judiciales que “el gobierno no puede interferir en ciertas decisiones personales con respecto a la procreación, el casamiento y otros aspectos de la vida familiar”.
La organización Planned Parenthood, que desde aquella época hasta el presente trabaja a nivel nacional con redes de clínicas que ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos procedimientos para interrupción de embarazos no deseados, opina que la sentencia de este año generó “un paso atrás” en los avances logrados.
Para esta organización, los jueces constitucionalistas de 1973 consideraron que una ley estatal como la de Texas, que llevó el caso a la CSJ para la histórica sentencia, “determinó que una ley estatal que penaliza la utilización del control de la natalidad, viola el derecho a la privacidad de las parejas casadas”.
Antes de aquella sentencia Planned Parenthood se había defendido en tribunales ante demandas “por entregar anticonceptivos a parejas casadas”.
La investigadora Marielle Kirstein, del Guttmacher Institute, encabezó una investigación para medir el impacto en los primeros 100 días después de la sentencia del Supremo.
Los datos indican que 66 clínicas en 15 estados se vieron obligadas a dejar de ofrecer interrupciones de embarazos. “estos 15 estados tenían un total de 79 clínicas que brindaban servicios de aborto. Esto significa que actualmente no hay proveedores que ofrezcan abortos en 14 de estos 15 estados”, indica su estudio.
De cara a los derechos humanos
Organizaciones de derechos humanos también observan que los derechos a la salud sexual y reproductiva deben formar parte del engranaje de cualquier sociedad democrática en sus libertades fundamentales.
Ante el revuelo nacional e internacional que causó la sentencia de la CSJ, la oficina del Alto Comisionado de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos consideró la sentencia de la máxima instancia judicial de EEUU como “un importante revés tras cinco décadas de protección de salud y derechos sexuales y reproductivos”.
Esa oficina de la ONU dijo que el derecho a procesos de “aborto, seguro, legal y efectivo” es un elemento “firmemente arraigado” en las leyes internacionales y “un eje central en la autonomía de las mujeres y niñas” para determinar “sus propias decisiones sobre su cuerpo y su vida, sin ningún tipo de discriminación, violencia ni coacción”.
Por su parte Human Rights Watch ha considerado que “el acceso al aborto seguro y legal es una cuestión de derechos humanos”, esto a partir de diversas interpretaciones reconocidas por el derecho internacional.
Basa su argumento en que “negar a las mujeres, niñas y embarazadas el acceso al aborto constituye una forma de discriminación y atenta contra una variedad de derechos fundamentales”.
A favor de las restricciones
Durante la campaña electoral de 2022 en Estados Unidos el tema del “derecho a decir” se volvió punto candente en los debates de candidatos que aspiraban a todos los estamentos del poder por elección popular.
En regiones más conservadoras del país como Texas, Alabama, Carolina del Sur y Wisconsin por nombrar cuatro de los doce estados donde existen severas prohibiciones al aborto, las campañas giraron en gran medida con mensajes en contra y a favor del derecho de las mujeres a decidir.
Texas uno de los estados considerados insignia del mapa electoral conservador de Estados Unidos ha librado una campaña fuerte contra el aborto, al mismo nivel que contra la migración irregular.
El gobernador de ese estado, Greg Abbott, ha dicho que “Texas es un estado a favor de la vida” y que en todo momento plantará batalla “para salvar a los niños de la devastación del aborto”.
En esa misma región de estados del sur, en la recién pasada campaña electoral para reelegirse como gobernador de Florida, el reelecto gobernador republicano, Ron DeSantis, quien ha promovido legislaciones vigorosas para restringir el aborto -dijo en el debate contra su oponente demócrata Charlie Crist- que la izquierda del país apoya el aborto “hasta el momento del nacimiento”, los nueve meses de gestación.
Afirmación que la prensa estadounidense se encargó de desmentir y calificar sus opiniones al público como “afirmaciones falsas o engañosas”, como reseñó The New York Times.
El medio estadounidense dijo que esa es una afirmación muy común en los entornos conservadores que muestran imágenes de los conocidos como “abortos por desmembramiento”. No obstante, los expertos del sector han consolidado estadísticas que indican que más del 92 % de los abortos se practican antes de los 3 meses de gestación.
En raras ocasiones se realizan abortos en etapas más tardías del embarazo, que son decididos al descubrir severas malformaciones congénitas, pero con la atención médica actual mucho antes de los 9 meses, diferente a lo que hacen ver los círculos conservadores, indican.
A mediados del año, luego que la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos exhortara a los feligreses en el país “a rezar” para que la CSJ aboliera el derecho constitucional a abortar, un estudio de opinión entre feligreses realizado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, indicó que la mayoría de católicos discrepan de las posiciones del clero.
Según el estudio de AP el 63 % de los adultos católicos dijeron que el aborto debía ser legal en todos o la mayoría de los casos y el 68 % consideraba innecesario la sentencia del Supremo, con lo que dejaban claro que como miembros de la iglesia “no comparten las posiciones intransigentes de muchos obispos conservadores”.
Otro estudio de opinión pública realizado por el Pew Research, estimó que el 61 % de los estadounidenses considera que el aborto debería ser legal y sin restricciones en la mayoría de casos. Este mismo centro también estudió las intenciones de voto de los electores en el país que reflejan que el 56 % consideraba el tema de aborto clave a la hora del sufragio.
El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, había prometido a las bases del partido que si lograban arrebatar la mayoría en ambas cámaras del legislativo federal en EEUU “impulsaría una legislación” para prohibir los abortos en todo el país.
Y en el fogueo de la campaña electoral, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también le dijo a sus bases demócratas en un foro del Comité Nacional del partido en Washington que de ampliar la mayoría en el Congreso “codificaría en un proyecto de ley el derecho al aborto”.
Pero los resultados de la elección quedaron partidos por iguales, ni los republicanos lograron imponer la avalancha que vaticinaban sus proyecciones de cara a ampliar la agenda conservadora en el país, ni los demócratas lograron retroceder al partido conservador para ampliar sus agendas progresistas.
