Ciudad Guatemala, 2 feb (elmundo.cr) – La empresa Datasys Guatemala S.A. denunció que está siendo objeto, junto a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de una abierta persecución política e institucional por parte del Ministerio Público, dirigido por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.
Según la empresa esta persecución que sufre es como represalia al haber rechazado varios ofrecimientos e injerencias impropias en el marco del contrato de transmisión de datos electorales, obtenido de manera legal bajo concurso, y ofertas de otras compañías que no pudieron ofrecer las mismas condiciones y servicios que Datasys cumplió.
“Denunciamos categóricamente que las acciones de este Ministerio Público buscan deslegitimar el proceso electoral recién pasado, poniendo en riesgo la democracia del país y la voluntad popular al lanzar acusaciones espurias contra Datasys Guatemala S.A. y contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral”, agregó.
Cabe recordar que las actuaciones de la fiscal general, motivaron al gobierno de Estados Unidos a prohibirle, desde el 16 de mayo de 2022, la entrada a ese país porque “(Porras) obstruyó y menoscabó en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos. El patrón de actos de obstrucción en los que incurrió Porras presuntamente incluyen dar instrucciones a fiscales del Ministerio Público de Guatemala de que desestimen casos sobre la base de consideraciones políticas y destituyan a fiscales que investigan casos sobre actos de corrupción…La designación se produce luego de que, en septiembre de 2021, Porras fuera incluida en la lista de actores corruptos y antidemocráticos presentada al Congreso de EE.UU. en virtud del artículo 353 de la Ley de Mayor Colaboración entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (United States–Northern Triangle Enhanced Engagement Act). El Departamento considera de manera activa el realizar design ciones adicionales conforme al artículo 353, y esto incluye dar a conocer las nuevas designaciones en el momento oportuno”.
Decisiones como la tomada por la fiscal general en contra de Datasys Guatemala S.A. motivaron a la Organización de Denuncia de la Corrupción y del Crimen Organizado (OCCRP, en inglés), una red global de periodistas de investigación, a designarla como el “personaje más corrupto” del mundo durante 2023.
Por otro lado, la Unión Europea sancionó este viernes a la fiscal general por sus intentos de evitar la toma de posesión del presidente, Bernardo Arévalo de León, que asumió el cargo el pasado 14 de enero.
Datasys Guatemala S.A. explicó que es respetuosa de las leyes y procesos legales, por esa razón ante las medidas cautelares que se ordenaron en contra de la empresa impulsadas por la fiscal general y un grupo de cuestionados fiscales, se presentaron todos los documentos y argumentos que demostraban la legalidad de sus acciones.
Es importante aclarar que el 24 de enero de 2024, un juez de Extinción de Dominio que resolvió conforme a derecho y la justicia, declaró sin lugar la medida cautelar de embargo de cuentas ordenada por el Ministerio Público, según consta en el acta ED. 01175-2024-00006. En esa misma resolución, el juez ordenó que el Tribunal Supremo Electoral realizará el pago por el programa informático que aseguró una transmisión segura de los resultados electorales.
“A pesar de esta orden de un juez de la República, la fiscal general se ha negado a que el Ministerio Público la acate, como se lo ordena la ley, vulnerando los derechos de los guatemaltecos, así como de Datasys Guatemala S.A., sus colaboradores y familias”, comentaron.
Datasys Guatemala S.A. recalcó que las filtraciones desde el Ministerio Público dirigido por la fiscal general tienden a ser un claro instrumento de persecución para generar ataques mediáticos ante la imposibilidad de honrar su mandato por medio de juicios justos.
“Expresamos una profunda preocupación porque detalles de la carpeta o expediente judicial del caso contra Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y en la que se incluye a Datasys Guatemala S.A., hayan trascendido a medios de comunicación siendo esa carpeta confidencial y únicamente puede ser consultada por las partes involucradas”, añadieron.
Datasys Guatemala S.A. indicó que a pesar de lo anterior, el Ministerio Público les ha negado acceso a la carpeta o al expediente judicial en el que se le involucra, con lo que violenta de manera flagrante el derecho universal que tiene todo ciudadano a defenderse, ya que no puede conocer de qué se le acusa y cuáles son los argumentos en su contra.
El programa utilizado por Tribunal Supremo Electoral permitió tener uno de los procesos electorales más transparentes de la era democrática de Guatemala, lo que ha sido reconocido públicamente con una excelente calificación por parte de instituciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Misión de Observación Electoral (MOE).
“Datasys S.A. es una empresa con más de 25 años de experiencia en el desarrollo, manejo implementación de soluciones tecnológicas innovadoras a nivel regional para proyectos públicos y privados, y nuestro actuar siempre ha sido, es y será apegado a los más altos estándares éticos, de transparencia y en cumplimiento de la leyes. En su papel de garante de la transmisión fiable y segura de los resultados electorales y de los derechos políticos de la población, Datasys Guatemala S.A. fue un actor “incómodo” para quienes hubieran querido otro resultado electoral distinto al expresado ante las urnas. Viniendo entonces de donde vienen las amenazas y la persecución, saquen ustedes, señores electores y electoras, sus propias conclusiones”, subrayó.
“Confiamos plenamente en que el Ministerio Público retome la senda del debido proceso y de las actuaciones apegadas a la ley una vez que María Consuelo Porras Argueta de Porres deje de liderarlo, porque Datasys Guatemala S.A. es consciente que esa entidad está conformada por una mayoría de funcionaros probos y respetuosos de la legalidad, quienes han visto obstaculizada su labor profesional por las acciones arbitrarias de una fiscal general ampliamente cuestionada”, concluyen.
