ANÁLISIS
Por Carola Frentzen (dpa)
Adis Abeba/Bujumbura, 14 may (dpa) – Ya el año pasado se oían voces en Burundi que advertían de un posible recrudecimiento del conflicto político y eventuales consecuencias violentas. “No podemos pisotear la Constitución. Si no, habrá guerra”, alertó en diciembre el ex líder rebelde y actual opositor Agathon Rwasa. Lo que por entonces parecía una amenaza se convierte hoy en una triste profecía.
La oposición anunció hace meses protestas masivas en las calles de la capital del país africano en caso de que el presidente Pierre Nkurunziza se presentara como candidato para un tercer mandato en las elecciones de fines de junio cuando la Constitución admite como máximo dos períodos.
La atmósfera en un país que es testigo de tanta pobreza extrema ya era de por sí tensa. Y las manifestaciones que estallaron a fines de abril, después de que Nkurunziza no diera el brazo a torcer en sus aspiraciones electorales, derivaron en un golpe militar que para muchos no ha sido una sorpresa.
No fue tanto el posible tercer mandato presidencial lo que empujó a tanta gente a la calle, sino más bien la esperanza de lograr mejores condiciones de vida en un país que es clasificado por el índice de desarrollo de la ONU como uno de los diez Estados más pobres del mundo.
Apenas pasaron diez años desde que Burundi logró dejar atrás décadas de guerra civil en la que, según estimaciones, murieron 300.000 personas. A diferencia de su vecina Ruanda, donde la mayoría hutu intentó liquidar durante 100 días en 1994 a la minoría tutsi, en Burundi ambos bandos étnicos perpetraron masacres. Ese conflicto, no obstante, se supone resuelto a través del acuerdo de paz firmado en Arusha en el año 2000.
Hoy en día lo que lleva a la gente a protestar no es tanto su pertenencia étnica sino la pobreza en la que viven, no sólo en zonas rurales, sino también en la capital, donde muchos trabajadores viven en condiciones inimaginables en otros países. En las escuelas se ven 200 niños en una misma aula en la que además no hay ninguna mesa; el sistema de salud es muy escaso o inexistente y muchos tienen que trasladarse en la ciudad en bicicletas herrumbradas en las que cargan inimaginables bultos.
Según observadores locales, durante sus diez años al frente del gobierno, Nkurunziza no logró avances económicos, no llevó adelante reformas en el sector financiero y el país sigue dependiendo en un 90 por ciento de su producción agrícola.
Pero Burundi espera poder lograr un cambio, aún en estos momentos en los que la situación es absolutamente confusa y nadie sabe quién tiene el poder.
“La situación es muy tensa y es muy difícil predecir qué sucederá en el país”, dice la especialista en África Carina Tertsakian de Human Rights Watch (HRW).
No obstante, la manifestante Margaret Mumbi parece tener algo en claro: “Nkurunziza deberá ser procesado por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Perpetró crímenes contra civiles inocentes”.
