Seúl, 16 abr (elmundo.cr) – El Tribunal Constitucional de Corea del Sur decidió que la ley que impedía desde 1953 la interrupción voluntaria del embarazo salvo casos muy extremos “infringe excesivamente el derecho de la mujer a elegir”.
Ahora el Parlamento surcoreano tiene hasta diciembre de 2020 para reformar las leyes que penalizan el aborto, que para entonces quedarán abolidas automáticamente.
Para declarar el veto inconstitucional era necesario que al menos seis de los ocho jueces del tribunal apoyaran esa opinión. En 2012, la corte había decidido mantener la prohibición por un voto de cuatro contra cuatro.
En ese entonces, un 53,1% de la población, según una encuesta de RealMeter, respaldaba que el aborto fuera ilegal, sin embrago en 2017, según el mismo instituto, el 51,9% respaldaba que se permitiera.
Según el Instituto Coreano de Salud y Asuntos Sociales en 2010 se llevaron a cabo 169.000; en 2017 casi 50.000.
Corea del Sur se había mantenido como uno de los últimos Estados desarrollados sin aborto libre.
Hasta ahora, las normas solo permiten interrumpir el embarazo en caso de violación, incesto, malformaciones graves o riesgo serio para la vida de la madre, y en todo caso siempre y cuando la gestación no hubiera llegado a las 24 semanas.
En el caso de que la mujer estuviera casada, debía además recibir la autorización de su marido. Y si una mujer se sometía a un aborto ilegal, puede afrontar hasta un año de prisión y una multa de 2 millones de won, unos 1.560 euros. Mientras que el médico que se lo practicaba se arriesgaba a dos años de cárcel y a perder la licencia para ejercer.
“La decisión hoy del Constitucional explica bien cómo hay que legislar a partir de ahora. No se debe obligar a tener hijos castigando la interrupción voluntaria del embarazo. Respetemos las voces de las mujeres, porque las que viven el embarazo son ellas”, ha declarado la abogada Kim Su-jung, una de las representantes legales de la médica que planteó el caso al Constitucional.
Mientras que la Conferencia Episcopal católica surcoreana ha expresado su “profundo pesar” por la decisión. “El dictamen niega el derecho a la vida de los embriones, que no tiene la capacidad de defenderse por sí mismos”, ha declarado.
