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Contraloría descarta conflicto de interés por mansiones de Peña Nieto

Enrique_Peña_NietoCiudad de México, 21 ago (dpa) – La oficina gubernamental encargada de investigar posibles actos de corrupción en el gobierno mexicano exoneró hoy al presidente Enrique Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y el ministro de Hacienda, Luis Videgaray, en un escándalo por la compra de mansiones a contratistas del Estado.

Después de seis meses de investigaciones, el secretario (ministro) de la Función Pública, Virgilio Andrade, concluyó que las mansiones fueron adquiridas antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia y que no hubo una participación indebida posterior en procesos de contratación de obras y servicios.

“El presidente de la República no intervino en ningún proceso de contratación, por lo tanto no era jurídicamente posible que se excusara de intervenir en los mismos”, concluyó Andrade, que tampoco encontró conflicto de intereses en los otros casos.

El escándalo estalló en noviembre del año pasado después de un reportaje del portal Aristegui Noticias, en el que se reveló que una mansión en proceso de compra por la primera dama Angélica Rivera había sido adquirida a una empresa del Grupo Higa, contratista del gobierno federal.

Días antes de la publicación del reportaje, Peña Nieto revocó, de manera sorpresiva, una licitación para la construcción de un tren rápido, que acababa de ser adjudicada a un consorcio encabezado por China Railways, del que también formaba parte el Grupo Higa.

Luego el diario “Wall Street Journal” dio a conocer que el secretario (ministro) de Hacienda, Luis Videgaray, había comprado una casa en el club de golf de Malinalco, en las afueras de la capital, a una inmobiliaria del mismo grupo.

El tercer escándalo inmobiliario afectó directamente a Peña Nieto por la adquisición de una casa en el club de golf de Ixtapa de la Sal, cerca de la capital, a otro contratista antes de ser presidente.

Andrade indicó que el Grupo Higa cuenta con 33 contratos con la administración pública federal, pero descartó que hubiera “beneficio, provecho o ventaja” derivados de las operaciones inmobiliarias para los involucrados.

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