Comunidades más vulnerables tienen un instrumento para exigir garantía de su derecho humano al agua

Ciudad de México, 22 mar (elmundo.cr) – Con motivo del Día Mundial del Agua entrevistamos a la Dra. Laura Elena Carrillo Cubillas (LECC), Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y al Sr. Adoniram Sanches Peraci (ASP), Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Mesoamérica, sobre los avances en materia hídrica que se han dado en el marco de su iniciativa conjunta de cooperación internacional, el emblemático programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”.

Hablaron también sobre la reciente aprobación de la Ley Modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), considerada prioritaria para la agenda regional, a propósito de la pandemia y dado que el agua es un recurso crucial en las prácticas de prevención de enfermedades, entre otros diversos usos.

Dra. Carrillo, en esta fecha tan relevante en la que celebramos el Día Mundial del Agua, ¿qué podría usted compartirnos sobre la manera en la que la AMEXCID ha abordado el tema hídrico?

LECC: Desde luego, México está firmemente comprometido con el cabal cumplimiento del Objetivo 6 de la Agenda 2030 de la ONU sobre agua limpia y saneamiento, garantizando para entonces el acceso universal al agua potable, segura y asequible para todas y todos. En ese marco, la AMEXCID constituye el pilar institucional facultado para coordinar y ejecutar las acciones internacionales de México como oferente y como receptor de cooperación internacional, incluido en ello el sensible tema del agua.

Dentro de la cooperación internacional que brindamos, destacan las regiones vecinas de Mesoamérica y el Caribe que también son áreas prioritarias en la política exterior de México.

¿Puede darnos algunos ejemplos al respecto de esto último?

LECC: Por supuesto. De la mano de la FAO, en el caso de Mesoamérica, desarrollamos el emblemático y exitoso programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, que se extiende a los siete países de Centroamérica además de Colombia y República Dominicana. En lo que respecta al Caribe, desarrollamos la iniciativa “México-CARICOM-FAO: Cooperación para la Adaptación y la Resiliencia al Cambio Climático”.

En relación con la alianza AMEXCID-FAO, en el marco del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, ¿cómo se articula y desarrolla la cooperación en el tema hídrico?

LECC: Esa es una pregunta clave. A través del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica que abarca al programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, se ha impulsado de manera principal la gestión y cultura de agua, así como la seguridad hídrica para los países de Mesoamérica. En ese sentido, buscamos que el importante papel que tiene la Cooperación Internacional mexicana se oriente hacia el logro del objetivo fundamental de contribuir a garantizar el derecho humano a agua y saneamiento, desde una perspectiva de justicia social y equidad en la región. En otras iniciativas relevantes, también “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” ha promovido la construcción de sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia en comunidades vulnerables y así contribuye a satisfacer la demanda de agua de la población y promover la gestión sostenible del recurso.

Estamos buscando además la aprobación y sostenibilidad de nuestras iniciativas a partir de nuestro programa en un país como Panamá, por ejemplo, en el que el Ministerio de Educación y la FAO ya están implementando un proyecto con financiamiento panameño para la construcción de una veintena de estos sistemas en centros educativos de comunidades remotas, habitadas por población indígena. Otro ejemplo es El Salvador, país en el que ya se reactivaron diez sistemas para la producción de alimentos, entre otros.

¿Qué trascendencia visualiza usted en la reciente aprobación por parte del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento?

LECC: Me parece que se trata de un importante logro, primero del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO” y también de la labor de coordinación interinstitucional entre FAO Mesoamérica, AMEXCID, el Frente Parlamentario Contra el Hambre de México, el propio PARLATINO y la SEMARNAT, a través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, entre otras instancias.

Por otro lado, sin duda la ley modelo es relevante porque atiende un problema multidimensional que aqueja a la población en general en los ámbitos de la salud pública, social, en el ámbito económico, en el medio ambiental, a través de la regulación del agua, y la considera como un bien público. De igual manera, se reconoce el derecho al agua de todas las personas que habitan en comunidades como un derecho humano y como un derecho de alimentación y a la vida. También se privilegia la participación de las comunidades indígenas y tribales asegurando mecanismos para superar dinámicas de marginación por razón de género, situación económica, por ubicación geográfica, etnicidad, cultura, por orientación sexual o identidad de género, afinidades políticas, religión, edad, capacidades diferentes, o de otra índole.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para reiterar nuestra felicitación a todas las instituciones y países participantes en este avance legislativo. Sin duda tenemos un gran trecho por transitar hacia el logro de nuestros objetivos compartidos en materia de agua y en diversos ámbitos interrelacionados, pero es muy alentador observar que las sinergias son fructíferas y que estamos avanzando juntos para que nadie se quede atrás.

Sr. Sanches, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con las instituciones mexicanas para alcanzar la aprobación de esta Ley Modelo?

ASP: Es un honor para la FAO haber trabajado de la mano con la AMEXCID, el IMTA y el Frente Parlamentario contra el Hambre de México, y haber sido parte de este gran logro del PARLATINO que es la aprobación de la Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento.

Este ejercicio interinstitucional, fruto de la unión latinoamericana, es, a partir de hoy, una Ley de importancia histórica y un instrumento jurídico de referencia, no solo para la región si no mundialmente, pues otros parlamentos del mundo podrían tomarla como base para sus legislaciones y replicarla. Constituye un punto de partida de alto nivel, tanto para la formulación de normas como para el control y la fiscalización que deben ejercer los parlamentarios en la materia.

Con este excelente trabajo, las instituciones mexicanas demostraron que la coordinación interinstitucional efectiva y eficiente es posible y además es el mejor camino para lograr impactos amplios y muy significativos.

Además, la aprobación de esta Ley Modelo pone en evidencia el compromiso de todas las instancias involucradas con el impulso a instrumentos normativos relevantes, en una coyuntura tan importante como la que plantea la pandemia, y se demuestra que, hoy más que nunca, son fundamentales las alianzas y la cooperación. Una felicitación a todas las partes involucradas por este logro.

¿Qué beneficios tiene esta Ley? ¿Cuáles son sus objetivos?

ASP: Ahora, las comunidades más vulnerables de la región tienen un instrumento para exigir la garantía de su derecho humano al agua y al saneamiento, al tiempo que se reconoce y refuerza la gestión equitativa y sostenible del agua en la región.

El objetivo principal de esta Ley Modelo es establecer un marco jurídico de referencia que permita a cada Estado adoptar, fortalecer y complementar sus respectivas políticas, estrategias y legislación en materia hídrica y de agua; reconocer y garantizar el desarrollo de los SCAS, en armonía, coherencia y alineación con los instrumentos internacionales en la materia, a partir del reconocimiento legal de la organización comunitaria, como primer paso para reconocer el papel estratégico de estos sistemas en la gestión o administración del agua; y para obtener resultados en un marco de justicia hídrica; sostenibilidad; equidad social, intergeneracional y de género; así como responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

¿De qué manera contribuyó cada una de las instituciones involucradas al proceso de aprobación de esta Ley Modelo del PARLATINO?

ASP: El IMTA contribuye a la gestión sostenible del agua mediante el conocimiento, la tecnología, la formación y la innovación. A partir de su experiencia en el asesoramiento para la identificación de prioridades en el sector hídrico, el IMTA brindó asistencia técnica al proceso a través de un enfoque multidisciplinario.

La AMEXCID y la FAO promovemos acciones que contribuyen al desarrollo sostenible y a la mejora del nivel de vida de la población mediante la transferencia, recepción e intercambio de experiencias y recursos. A través de su iniciativa conjunta “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, y junto con PARLATINO, la AMEXCID y la FAO apoyamos al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. En este caso específico, brindamos nuestro respaldo a su capítulo mexicano, que fue el que presentó la propuesta a través de los parlamentarios Ana Lilia Rivera, Dolores Padierna y Diego del Bosque, quienes desempeñaron una destacable labor.

Sr. Sanches, sabemos que no es la primera ocasión en la que el PARLATINO y la FAO trabajan conjuntamente ¿puede hablarnos más sobre esta alianza?

ASP: Para la FAO es un gusto poder brindar al PARLATINO acompañamiento técnico en procesos legislativos relacionados con temas de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura familiar. Efectivamente, no es la primera ocasión que el PARLATINO y la FAO trabajamos juntos en el desarrollo de una legislación modelo. Me complace mucho recordar otras importantes leyes del PARLATINO en las que hemos colaborado como la Ley Modelo de Agricultura Familiar y la Ley Modelo de Pesca Artesanal o a Pequeña Escala.

Cabe destacar que estas Leyes, al igual que esta propuesta de Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento, han surgido gracias al impulso del programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, una exitosa iniciativa conjunta del Gobierno de México, a través de la AMEXCID, y de la FAO, y que está siendo capaz de articular esfuerzos, recoger compromisos y facilitar diálogos políticos de alto nivel en favor de políticas públicas y marcos normativos más efectivos para acabar con el hambre y la pobreza rural en nuestra región.

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