Bogotá, 24 ago (VOA) – La Corte Suprema de Colombia llamó al expresidente Álvaro Uribe a testificar como parte de una investigación de tres masacres, lo que podría esclarecer denuncias sobre supuestos vínculos con grupos paramilitares.
El nuevo dilema legal de Uribe es posiblemente más perjudicial que la otra investigación de la Corte Suprema sobre una posible manipulación de testigos que desató protestas a principios de este mes, después de que magistrados ordenaron que el exmandatario permaneciera bajo arresto domiciliario.
Los detalles de la pesquisa sobre las masacres se incluyen en un documento judicial de 71 páginas al que The Associated Press tuvo acceso el domingo y también fue publicado en la prensa local, en el que los jueces examinan si Uribe estuvo relacionado con tres matanzas en el departamento de Antioquia, así como con la muerte de un activista de derechos humanos durante su época como gobernador.
Ambos casos se enfocan en antiguas —pero no corroboradas— acusaciones de que Uribe tenía participación directa en grupos paramilitares, que fueron formados por terratenientes durante el prolongado conflicto civil para combatir a las violentas guerrillas marxistas.
A pesar de que la Corte Suprema sigue en la etapa de investigación, las pesquisas han exacerbado las tensiones en el país respecto al proceso de paz que culminó en un acuerdo con el mayor movimiento rebelde de Colombia. Uribe ha rechazado vehementemente las acusaciones y su abogado cuestiona el momento en que se dio la nueva solicitud del tribunal.
En tanto, activistas por los derechos humanos han elogiado a la corte por avanzar las investigaciones en un país en donde generalmente los más influyentes logran evadir responsabilidades.
“Durante décadas, han existido graves acusaciones sobre la posible participación de Uribe en atrocidades”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano. “La Corte Suprema de Colombia trabaja valientemente para descubrir la verdad a pesar de los múltiples ataques por parte del expresidente y sus aliados”.
En su decisión, el magistrado César Reyes solicita que Uribe y varios exparamilitares comparezcan ante la corte en septiembre y pide una amplia gama de documentos que contienen testimonios judiciales previos, registros oficiales y archivos personales a fin de esclarecer las circunstancias en torno a las tres matanzas.
Las masacres —en La Granja, El Aro y San Roque— ocurrieron a finales de la década de 1990, en momentos en que los rebeldes de izquierda se afianzaban en la región de Antioquia, donde Uribe inició su larga carrera política. Los grupos paramilitares aumentaron su presencia en respuesta, de acuerdo con hallazgos previos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En la más renombrada de las tres matanzas, decenas de hombres armados torturaron y asesinaron a por lo menos 15 víctimas en El Aro, una localidad ubicada unos 222 kilómetros (135 millas) al norte de Medellín, donde Uribe fungía como gobernador de Antioquia. Un gran número de viviendas fueron incendiadas, varias personas resultaron desplazadas y fueron robadas cientos de cabezas de ganado.
Varios exparamilitares han testificado que Uribe era uno de los miembros fundadores de lo que eventualmente se conoció como el “Bloque Metro”. En 2011, un exparamilitar aseguró que una de las propiedades de Uribe fue utilizada como centro de operaciones. Otro combatiente lo vinculó con la matanza de El Aro en 2015.
La pesquisa también examina la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, quien fue asesinado de dos disparos en la cabeza en su oficina de Medellín en 1998. El activista por los derechos humanos, de 54 años, había acusado al ejército y a políticos de alto rango de patrocinar a los escuadrones de la muerte.
Reyes escribió que la nueva solicitud de información se basa en la necesidad de avanzar pesquisas previas para confirmar cualquier participación en “concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado”.
