La ofensiva anunciada por Washington y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos no se presentan como un acto de guerra tradicional. La Casa Blanca construyó un relato jurídico-político que busca encuadrar la acción como cumplimiento de la ley, reducir costos internos y evitar una escalada militar abierta. Estas son las claves para entender ese enfoque.
1) No “guerra”, sino ley y orden
Según Washington, no hubo una declaración de guerra ni una operación militar clásica. La acción se define como ejecución de una orden judicial para detener a un acusado. En esa narrativa, el uso de la fuerza fue instrumental y acotado, destinado a proteger a los agentes que ejecutaron el arresto.
Mensaje central: se trató de un operativo policial ampliado, no de una invasión.
2) El anclaje legal: una imputación abierta desde 2020
El presidente Donald Trump encuadra la decisión como el cumplimiento de una causa penal por narcoterrorismoabierta en Nueva York en 2020. Ese anclaje permite afirmar que el traslado a territorio estadounidense responde a una jurisdicción ya activada, no a una decisión ad hoc.
Mensaje central: no es una acción política improvisada, sino la culminación de un proceso judicial previo.
3) Evitar el Congreso y la Resolución de Poderes de Guerra
Al definir la operación como ejecución de una orden judicial, la Casa Blanca evita activar la Resolución de Poderes de Guerra, que habría exigido notificación previa y debate en el Congreso. El encuadre penal reduce fricciones institucionales y acelera los tiempos.
Mensaje central: se sortea el carril político-militar y se usa el carril judicial.
4) Uso de la fuerza: limitado y funcional
Washington insiste en que la fuerza fue proporcionada, con objetivos precisos y sin intención de ocupación. El énfasis está en la protección operativa y no en la confrontación sostenida.
Mensaje central: minimizar la percepción de escalada y de daños colaterales.
5) Maduro, como acusado, no como “enemigo”
En el relato oficial, Maduro no es tratado como jefe de Estado enemigo, sino como prófugo de la justicia estadounidense. Esa distinción es clave para despolitizar el acto y sostener que no se abrió un conflicto entre Estados.
Mensaje central: persona imputada > Estado adversario.
6) Reducir el costo político interno
La Casa Blanca busca evitar el fantasma de intervenciones largas y costosas (Irak o Afganistán). Al presentar la acción como policial-judicial, se intenta contener el rechazo doméstico a nuevas guerras y preservar capital político.
Mensaje central: firmeza sin atolladeros.
7) La cuestión de la legitimidad
El encuadre se refuerza con un argumento político: Maduro no sería un presidente legítimo. El opositor Edmundo González sostiene que ganó las elecciones de 2025, lo que Washington usa para debilitar la investidura de Maduro y justificar el trato como acusado común.
Mensaje central: si no hay legitimidad, no hay inmunidad política.
8) ¿Por qué Nueva York?
Porque ahí se tramita la causa por narcoterrorismo y porque el sistema judicial federal ofrece el escenario para procesar un caso de alto impacto con controles formales y visibilidad internacional.
Mensaje central: coherencia jurisdiccional y control del proceso.
En síntesis
Washington armó un marco legal para una acción de fuerza limitada, con el objetivo de cumplir una imputación penal, evitar una guerra declarada, reducir costos políticos internos y llevar el caso a tribunales. El éxito de ese encuadre dependerá de dos factores: la sustentabilidad jurídica del proceso y la reacción internacional ante un precedente que mezcla justicia penal y poder duro.
