Redacción, 9 oct (elmundo.cr)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión están preocupados el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de la violencia durante las protestas.
Ecuador se encuentra en una crisis social luego de una serie de medidas económicas anunciadas por el gobierno de Lenín Moreno, entre ellas, la eliminación del subsidio al combustible, supuestamente para reducir el déficit fiscal.
Según datos de la CIDH, hay decenas personas de heridas, 477 detenidas y 31 periodistas agredidos. Asimismo, se reportaron dos personas que habrían perdido la vida mientras participaban en las protestas, sin que se hayan determinado aún las circunstancias.
En respuesta a las manifestaciones, Moreno emitió el Decreto No. 884 para declarar el estado de excepción por 60 días a nivel nacional, mismo que suspendió los derechos de reunión y asociación.
Posteriormente, en el Decreto No. 888 del 8 de octubre, dispuso el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, la limitación de derecho a la libertad de tránsito en todo el país, y la movilización de las fuerzas armadas y la policía nacional en apego a los derechos humanos.
Adicionalmente, la Comisión tuvo noticia de actos de violencia y exceso de la fuerza en contra de miembros de comunidades indígenas que se sumaron a las protestas, tanto en Quito como en sus territorios ancestrales. En ese contexto, la comunicadora Camila Martínez de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue detenida mientras cubría las protestas y sentenciada a 5 días de prisión por presunta infracción contra la autoridad.
Además, el organismo condenó que grupos de manifestantes provocaron graves desmanes durante algunas manifestaciones, arrojando piedras y objetos contundentes contra la policía, protagonizando saqueos y otros tipos de agresiones, inclusive contra la prensa. Según la información proporcionada por el Estado, 35 policías resultaron heridos.
La CIDH llamó al Estado a avanzar en sus esfuerzos de apertura al diálogo y con absoluto apego a los derechos humanos.
