Redacción, 4 jun (elmundo.cr)- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la represión del gobierno cubano a una marcha pacífica en apoyo a los derechos de las personas LGBTI, celebrada en La Habana el 11 de mayo.
La CIDH y su Relatoría Especial instan al Estado cubano a adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión de las personas LGBTI; así como a respetar y garantizar el trabajo de personas defensoras de derechos LGBTI y de los periodistas y comunicadores que cubren protestas y manifestaciones en el país.
Según información de público conocimiento, el 6 de mayo, el gobierno cubano, a través del Centro Nacional de Educación Sexual del Ministerio de la Salud (CENESEX), anunció la decisión de cancelar la duodécima edición de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia.
La CIDH tuvo conocimiento que, no obstante el anuncio de la cancelación de los permisos oficiales para la celebración de la marcha, activistas y personas defensoras de los derechos de las personas LGBTI y de la libertad de expresión continuaron con los planes de desarrollar una marcha independiente de la postura oficial, la cual ocurriría el 11 de mayo en el paseo del Prado, en La Habana.
Sin embargo, según lo informado, durante el desarrollo de dicha marcha, la cual concentro más de 200 personas que se reunieron de manera pacífica, la policía cubana interrumpió la misma y pidió a los manifestantes detener su caminata, por carecer de autorización.
La Comisión Interamericana recibió información que al menos 5 activistas LGBTI fueron detenidos por los agentes de seguridad del Estado. Asimismo, se reportó la detención de tres periodistas independientes. Por otra parte, la CIDH también tuvo conocimiento que un corresponsal internacional del periódico Washington Blade, fue impedido de ingresar al país el día 8 de mayo.
La Comisión considera que “resulta en principio inadmisible la penalización per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y del derecho de reunión”.
Al respecto, la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño advirtió que “el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social no debe sujetarse a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que dificulten su realización”.
Por su parte, Antonia Urrejola, relatora de País para Cuba, señaló que “una detención basada únicamente en el acto de participar en una manifestación es en sí misma arbitraria e incompatible con los estándares internacionales”.
Finalmente, respecto a los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública, el relator especial, Edison Lanza, recordó que “la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades cubanas aseguren las condiciones necesarias para que los y las periodistas puedan cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales. Asimismo, su material y herramientas de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.