Washington, 26 feb (elmundo.cr) – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de cinco defensores de derechos humanos en Colombia, y el contexto generalizado de represalias, hostigamiento y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos en dicho país.
Jhon Jairo Ramírez Olaya, líder afrodescendiente en Buenaventura que realizaba tareas de prevención de reclutamiento forzado de adolescentes por parte de paramilitares, entre otras actividades, fue asesinado el 9 de noviembre de 2015, consta en el informe.
Igualmente el 13 de noviembre de 2015 fueron asesinados Daniel Abril, líder ambientalista que denunciaba el impacto ambiental causado por industrias extractivas en el departamento de Casanare, y Luis Francisco Hernández González, líder de procesos de restitución de tierras y representante de la comunidad afrodescendiente, en el departamento de Córdoba.
También el 16 de enero de 2016 fue asesinada la defensora Nelly Amaya, miembro de la Asociación Campesina del Catatumbo – Ascamcat y del capítulo Norte Santander del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, y presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto.
Finalmente, se recibió información sobre el asesinato, el 26 de enero de 2016, de Johan Alexis Vargas, líder de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes y vocero de Marcha Patriótica en el Departamento de Nariño, quien había informado a las autoridades sobre las amenazas de muerte que venía recibiendo.
Por otro lado la CIDH recibió información sobre el intento de asesinato del líder indígena Feliciano Valencia, y amenazas de muerte contra otros defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo miembros de MOVICE, líderes sindicales miembros del CUT-Valle, líderes sociales del departamento del Cauca, así como defensores de los derechos de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas.
Según un estudio reciente, en 2015 fueron asesinados por lo menos 54 defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Ante esto el Relator sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, señaló que “estamos profundamente preocupados por esta situación”.
La Comisión Interamericana reitera que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.
“En 2015, la Comisión Interamericana emitió dos comunicados de prensa por los asesinatos de 25 defensores y señaló que las cifras resultaban alarmantes”, agregó el Comisionado Orozco. “Resulta urgente que el Estado logre garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que defensores y defensoras puedan desarrollar su trabajo sin riesgos”.
Los actos de violencia y otros ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad, concluye la CIDH.
