Ciudad de Guatemala, 21 ago (dpa) – La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) plantearon hoy una denuncia penal y una solicitud para retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez por corrupción, informaron las autoridades en conferencia de prensa.
De acuerdo con el anuncio, el mandatario guatemalteco estaría involucrado en el caso “La Línea”, sobre una red criminal dedicada a la defraudación tributaria, por el que también fue detenida hoy la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.
“No hay ninguna duda que todas las referencias al ‘Uno’ y a la ‘Dos’, corresponden al señor presidente de la República y a la señora Roxana Baldetti”, dijo el jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, respecto a las evidencias estudiadas por los investigadores.
La denuncia contra Pérez fue presentada por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo ante la oficina de Gestión Penal del Organismo Judicial (OJ). Ahora, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá resolver si le da trámite a partir de las evidencias.
El comisionado de la ONU manifestó que la valoración que hace de este resultado de las investigaciones, por los niveles alcanzados, es que es “muy lamentable”.
Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede del MP, Velásquez y la fiscal general Thelma Aldana presentaron el organigrama de la estructura. Por primera vez las fotografías del presidente guatemalteco y de la ex vicemandataria aparecieron arriba, en el nivel más alto.
Abajo de ellos aparece el ex secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, quien permanece prófugo y hasta hoy era considerado el principal cabecilla de la red.
De acuerdo con la investigación, los involucrados se refieren a Pérez como “el Uno” o “el dueño de la finca”, y a Baldetti como “la Dos”.
Tanto Velásquez como Aldana explicaron que aunque las primeras escuchas telefónicas ya contenían algunas referencias a ambos, fue con nuevas investigaciones y evidencias -más escuchas telefónicas y documentos digitales secuestrados, incluyendo boletos aéreos y cheques- que se logró “de manera certera y responsable” constatar la relación.
Aldana dijo que los beneficios económicos para Pérez y Baldetti alcanzan “cantidades importantes”, pero explicó que sigue en proceso el “análisis de la documentación” y que “la investigación continúa”.
La fiscal general también indicó que en las investigaciones participa la Superintendencia de Bancos, a través de la unidad contra el lavado de activos, para determinar si parte del dinero defraudado fue depositado en cuentas del exterior.
Otro resultado expuesto por Velásquez y Aldana fue que la relación de Pérez y Baldetti con los integrantes de la estructura no se inició en 2012, cuando llegaron al poder, sino antes. No descartaron, por lo tanto, que hayan recibido fondos ilícitos para financiar su campaña política en 2011.
En cuanto a los motivos por los cuales se decidió cumplir las acciones este día, cuando sólo quedan 16 días para los comicios generales del 6 de septiembre, Aldana explicó: “No actuamos con tiempos políticos, sino con tiempos legales”.
“Era hoy el momento legal apropiado para ejecutar la aprehensión de la señora ex vicepresidenta y solicitar el antejuicio contra el señor presidente. No podemos tomar en cuenta otros tiempos, o tiempos políticos. El tiempo legal es el que nos interesa”, dijo.
Ésta es la segunda denuncia que enfrenta el mandatario por recientes escándalos de corrupción, pero es la primera que gestionan el MP y la CICIG, una comisión antimafias de la ONU.
La primera acción legal contra Pérez fue promovida por un diputado indígena de oposición, por un caso distinto, aunque siempre relacionado con los escándalos de corrupción que estremecen al país desde el 16 de abril, cuando la CICIG desarticuló a la organización conocida como “La Línea”.
Tras la presentación hoy de la nueva denuncia penal contra el mandatario, la CSJ deberá resolver, posiblemente el lunes, si existen suficientes motivos para darle trámite, en caso de lo cual deberá remitirlo al Legislativo, donde el pleno debe votar para retirarle o no la inmunidad. A este proceso, la ley guatemalteca conoce como antejuicio.
La semana pasada, el antejuicio promovido por el diputado opositor fue archivado por el Congreso, donde no recibió los votos necesarios para quitarle la inmunidad a Pérez, denunciado por enriquecimiento ilícito.
