
Por Kirk Semple
Caracas, 9 nov (NYT) – La Legislatura nacional no ha aprobado ni una sola ley en todo el año, y sus miembros —los que aún están dispuestos a fingir una democracia representativa— a veces han batallado para reunir legisladores suficientes para sesionar.
Su sede administrativa es un terreno yermo de escritorios vacíos, computadoras inertes y malestar. Los pasillos quedan a oscuras a medida que se funden los focos y no son cambiados por falta de dinero.
Éstos son días sombríos para la Asamblea Nacional de Venezuela.
La Legislatura, que ha sido encabezada por la Oposición desde el año pasado, fue neutralizada en el curso del verano cuando el Presidente Nicolás Maduro diseñó la creación de un nuevo cuerpo legislativo compuesto en su totalidad por sus simpatizantes, una medida ampliamente criticada como anticonstitucional.
La nueva entidad, la Asamblea Constituyente, fue formada para reescribir la Constitución, aunque sus miembros rápidamente se autofacultaron para redactar y aprobar legislación.
La medida produjo legislaturas contrapuestas: una con poder absoluto, la otra con cero facultades. Ambas ocupan la misma ala del Capitolio del siglo 19, aunque a diferentes horas del día para asegurar que no ocurran encuentros desagradables en los pasillos.
Cada órgano ha acusado al otro de ilegitimidad.
“Es toda una tragicomedia”, se lamentó Juan Guaidó, legislador de la Oposición en la Asamblea Nacional. “Parece un chiste”.
Venezuela se ha hundido más en la desesperación económica y su panorama se volvió aún más turbio el 2 de noviembre, cuando Maduro anunció que buscaría reestructurar la enorme deuda externa de Venezuela, estimada en unos 65 mil millones de dólares.
El final de la Asamblea Nacional quizás fue presagiado cuando la Oposición tomó control del órgano tras las elecciones, en diciembre del 2015.
El Tribunal Supremo de Justicia, repleto de jueces leales a Maduro, invalidó casi todas las leyes aprobadas por la Asamblea en el 2016 y la despojó de su sus facultades de supervisión presupuestaria, afirmando que sus líderes estaban en desacato por hacer caso omiso de una orden que prohibía la toma de protesta de políticos de la Oposición que el partido gobernante afirmó habían cometido fraude electoral.
El Gobierno de Maduro restringió el presupuesto de la Asamblea, recortando los sueldos y los gastos de sus diputados, y los legisladores de su Partido Socialista Unido de Venezuela dejaron de asistir a sus sesiones. El Tribunal Supremo de Justicia incluso se adjudicó facultades legislativas de la Asamblea, pero al enfrentar condena internacional, revirtió gran parte de su decisión.
No obstante, la Legislatura ha logrado seguir adelante con base en fuerza de voluntad, luchando por mantener el procedimiento legislativo y responder a las inquietudes de los electores.
Pero en gran medida, la Asamblea Nacional se ha convertido en una plataforma para que la Oposición critique al Gobierno de Maduro.
“Es el espacio pequeño que tenemos para resistir”, aseveró Guaidó. Pero a veces no ha logrado aprovechar el poco espacio que le queda. El 31 de octubre, fue cancelada una sesión de la Asamblea Nacional en el Capitolio por falta de quórum.
A finales de octubre, la Asamblea Constituyente votó para adelantar las elecciones municipales, en parte para sacar ventaja del desbarajuste de la Oposición. La Asamblea Constituyente también ha estado aprobando resoluciones y debatiendo una serie de proyectos de ley, comentaron los diputados.
Aún al tiempo que el Gobierno de Maduro ha permitido que se deterioren las oficinas de la Asamblea Nacional, ha estado concluyendo la renovación de un edificio para fungir como la sede de la Asamblea Constituyente.
Una mañana reciente, Adel Calzadilla, el asistente de un legislador, se hallaba sentado en un cuarto deprimente sin ventanas en el edificio de la Asamblea Nacional. ¿Qué había hecho todo el día?
“Tengo que decir la verdad”, respondió. “Todo el personal aquí se la pasa sin hacer nada”.
Javier Rivas, un abogado de 25 años, se cuenta entre los pocos varones en el edificio que aún usa corbata para ir a trabajar. Para él, la decisión en cuanto a su vestimenta es una muestra de apoyo a una institución emproblemada, un acto de resistencia contra el deterioro.
“No puedes dejar que la adversidad del Gobierno, o la situación social y económica te venza”, externó.