Santiago, 14 dic (VOA) – Los chilenos acudirán a las urnas el domingo para votar una nueva propuesta de Constitución, el segundo intento en poco más de un año por reemplazar la carta magna desde que en 2019 el país inició un complejo camino hacia el cambio legal.
En un giro respecto del primer proceso, dominado por independientes y militantes de izquierda, este segundo esfuerzo estuvo liderado por la derecha conservadora lo que, según críticos, terminó por repetir los mismos vicios anteriores de polarización y falta de acuerdos amplios.
Este segundo proceso además nació con pocas perspectivas positivas tras el fracaso del año pasado, en medio del desinterés, el cansancio de la población y un alto número de indecisos. Y aunque en las últimas semanas la brecha entre el ‘a favor’ y el ‘en contra’ se acortó, desde el inicio los sondeos dieron ventaja a la opción de rechazarlo.
Por ahora “no es razonable dar por cierto lo que están diciendo las encuestas. Creo que la distancia no es suficiente como para dar por segura una victoria de uno u otro”, dijo Claudia Heiss, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
El último sondeo telefónico de la firma privada Cadem divulgado a fines de noviembre, mostró que 38% aprobaría la nueva Constitución (+6 puntos sobre la medición previa) y que 46% (-3 puntos) la rechazaría. Un 16% no opinó.
Pero la respetada encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) que realizó más de un millar de entrevistas personales entre septiembre y noviembre, mostró que apenas 8% votaría a favor, un 30% en contra y el resto aún no definía su voto.
La ley chilena prohíbe que se publiquen encuestas sobre preferencias electorales en los 15 días previos a una elección.
Derechos sociales e inseguridad
Escribir una nueva Constitución fue una respuesta a las protestas del ‘estallido social’ a fines de 2019, pero desde entonces los chilenos han perdido interés en medio de la polarización política, un estancamiento económico y problemas emergentes en la estable nación sudamericana, como el avance de la criminalidad.
En sus poco más de 200 artículos, la nueva propuesta define que Chile es un Estado social y democrático que, entre otros derechos, reconoce el acceso a la vivienda y establece la libertad de elección sobre prestadores privados o públicos en temas de salud y pensiones.
Además, propone expulsar a inmigrantes ilegales que cometan delitos y reducir el número de diputados, junto a otras medidas para fortalecer el debate legislativo. Pero la redacción de un artículo sobre la protección a la vida ha sido señalado por sus detractores como una amenaza a la ley actual sobre aborto.
En asuntos económicos clave, como la minería, no hay cambios respecto al régimen actual de propiedad de los yacimientos. El país sudamericano es el mayor productor global de cobre y segundo mayor de litio.
“Es un texto que consolida el modelo económico favorable al mercado en lugar de debilitarlo. Las pensiones no pueden ser nacionalizadas, existen reglas estrictas sobre la propiedad”, señaló el analista político Patricio Navia.
“El texto se centra principalmente en los derechos de las personas y en la ley y el orden”, añadió.
Los críticos afirman que el texto no tiene herramientas para concretar un verdadero estado social que recoja las demandas de la población y que la propuesta sólo representa los intereses de un sector, en críticas similares a las que se formulaban al texto rechazado.
“Ya no sé qué elegir. Para mí los tres factores importantes son los que se pelearon en el ‘estallido’: la jubilación, la salud y la educación, para que sea algo a favor de todos los ciudadanos”, dijo Cecilia Ibáñez, de 62 años, mientras retiraba un ejemplar gratuito de la propuesta en una caseta de información en el centro de Santiago.
“La delincuencia, la seguridad”, dijo José Luis Pizarro, de 74 años, consultado por los problemas del país que considera más graves. “En el momento la Constitución no los resolverá, pero con el tiempo sí, esto se soluciona con leyes”.
Si la propuesta es rechazada seguirá vigente la Constitución actual, promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet en 1980 pero sometida a sucesivas y amplias reformas.
El voto “Bronca”
Unos 15,4 millones de electores están convocados para el plebiscito a partir de las 8.00 hora local (1100 GMT) del domingo.
A diferencia del proceso anterior, en esta oportunidad el voto a favor es impulsado por fuerzas de la derecha opositora mientras que el voto en contra, por el oficialismo de izquierda y centroizquierda. Aunque también hay sectores de ultraderecha que lo rechazan.
El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, que en el primer proceso estaba a favor de aprobar la propuesta, ha dicho que de ganar la opción de rechazar no convocará a un tercer proceso.
“Hay fatiga constitucional, la gente ya no quiere discutir más sobre esto”, dijo Navia. “Y en esta votación las personas al final sólo quieren castigar a alguien, ya no se trata del contenido de la Constitución porque el texto no es tan diferente del actual”, añadió.
Según Heiss “es un voto ‘bronca’, como dicen en Argentina, no un voto para respaldar una propuesta”.
“Estoy muy interesado en el proceso”, comentó Diego Rozas, de 24 años. “Pero los chilenos estamos cansados de los políticos, tanto de un lado como del otro. Hay que buscar puntos medios para tomar una decisión”, afirmó.
