Santiago, 31 may (elmundo.cr) – Por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado de Chile respaldó el Acuerdo de Escazú.
La aprobación incluye la “declaración interpretativa” propuesta por la Cámara que apunta a la aplicación del acuerdo en relación al derecho interno; reconoce los avances del país en materia de acceso a la información, participación y acceso a la justicia ambiental, entre otros.
El presidente chileno Gabriel Boric comentó que “hoy el Acuerdo de Escazú finalizó su tramitación en el Congreso. Felicito a todas y todos que desde distintos frentes han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo. Seguimos avanzando en democracia ambiental!”.
Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola y su par de Medio Ambiente Maisa Rojas, agradecieron el respaldo entregado por el Senado y valoraron las implicancias que tiene para nuestro país haber aprobado este instrumento internacional, señalando que se trata de una “votación histórica” y un “momento para festejar”.
Cabe hacer presente que se incluye la primera disposición vinculante en el mundo sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
La aprobación de este instrumento internacional promueve un proceso de transformación de la institucionalidad ambiental, para que ésta se adecúe a la situación actual de escasez hídrica y crisis climática y a las dinámicas y condiciones sociales, culturales, económicas y ambientales de cada territorio.
El Acuerdo se abrió a la firma de 33 países de la región el 27 de septiembre de 2018, dando lugar a un plazo de suscripción de 2 años que culminó el 26 de septiembre de 2020.
Con posterioridad a esa fecha se encuentra abierto a la adhesión de todos los Estados de la región consignados en su Anexo 1, que no lo hayan firmado. En ese sentido, Chile no lo firmó dentro del citado plazo, por lo cual corresponde únicamente adherirse a él.
El tratado entró en vigencia el 22 de abril de 2021, al cumplirse las 11 ratificaciones necesarias para ello y, en la actualidad, los Estados Partes alcanzan a 12 en la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
