Santiago, 24 oct (VOA) – A Sebastián Piñera no le tembló la mano cuando tuvo que rescatar a 33 mineros que quedaron sepultados a unos 700 metros de profundidad en el 2010. El costo del rescate fue de 20 millones de dólares. El rescate fue un éxito que terminó siendo llevado a la pantalla gigante de los cines.
Nueve años más tarde, Piñera tampoco vaciló cuando el país entero era amenazado con caer a un precipicio de violencia desatada por un aumento a la tarifa de transporte, pero acelerada por años de molestia por las profundas inequidades sociales de Chile. El costo se estima será de 1,200 millones de dólares. Su éxito estará por verse.
A sólo días de iniciadas las protestas que dejan ya unos 18 chilenos sin vida, y al ir quedando claro que la motivación de los disturbios tienen raíces más profundas que un simple aumento al transporte, Piñera enfrentó el caos con un amplio plan de medidas económicas con el que espera enmendar lo que cataloga como la desidia con que los gobiernos de las últimas cuatro décadas han visto irse agrandando la brecha entre los más ricos y los más pobres.
“Frente a las legítimas necesidades y demandas sociales de la ciudadanía, hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas no se han producido en los últimos días, se venían acumulando hace décadas, pero es verdad, también, que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud, esta situación de inequidad, de abusos, que ha significado una expresión genuina, auténtica, de millones y millones de chilenos. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, dijo el mandatario en un mensaje a la nación.
Acto seguido, Piñeda anunció una serie de medidas sociales que se estima tendrán un costo de 1,200 millones de dólares y con los que espera aliviar la situación de los sectores más vulnerables y de una clase media que se ha manifestado olvidada por las festividades de los grandes logros macroeconómicos.
Consciente de que la clase política en América Latina es el primer blanco de las molestias y los resentimientos de los ciudadanos que se sienten estancados u olvidados, Piñera anunció que se reducirán él número de parlamentarios, sus sueldos y períodos a los que podrán ser reelectos. Medidas similares de austeridad se aplicarán a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
La idea es, ante los ojos enrojecidos de una clase trabajadora angustiada, aplicarle la guillotina a una parte de los políticos y tecnócratas que se han enriquecido sin emprendimiento, y que no se preocupan por la pensión, sino de aprovechar los beneficios del cargo político por el mayor tiempo posible, e incluso si se puede, de forma vitalicia.
A los trabajadores les ofreció un ingreso mínimo garantizado de 350,000 mensuales, equivalentes a unos 480 dólares. Dejó sin efecto el aumento en las tarifas del transporte. Anunció también que dejará sin efecto un reciente incremento del 9,2 por ciento en las tarifas de la energía eléctrica.
En cuanto a salud, Piñera anunció que se aumentará la cooperación del gobierno con las farmacias para reducir los precios de los medicamentos, que en Chile son más caros que en otros países de la región.
Paralelo a las medidas de reducción de costos para los más pobres, anunció que le apretará el bolsillo a los más ricos, explicando que se aumentará a un 40 por ciento el impuesto sobre la renta a todos aquellos que ganen más de 8 millones de pesos chilenos, es decir, unos 11,000 dólares al mes.
Para los actuales y futuros pensionados explicó que habrá un aumento inmediato del 20 por ciento de la Pensión Básica Solidaria, lo cual mejorará los ingresos de unas 590 mil personas. Habrá además en el 2021 y 2022 un complemento a los pensionados mayores de 75 años.
Si aumentará un 20 po ciento en el Aporte Previsional Solidario, lo que beneficiará a 945 mil personas. Y el Estado hará aportes de fondos fiscales para complementar los ahorros de retiro de la clase media y las mujeres que trabajan y cotizan para aumentar sus pensiones al momento de la jubilación. Lo mismo harán con adultos mayores minusválidos.
Y Piñera se lanza en esta cruzada de rescate de los vulnerables y la clase media chilena, en pocas palabras, porque puede. Chile es después de todo, una de las 50 economías más fuertes del mundo.
Su estabilidad política y su crecimiento económico durante las últimas décadas, según los datos macroeconómicos del Banco Mundial, le ha permitido reducir la pobreza del 31 por ciento a un 6.4 por ciento.
Según el Banco Mundial, las familias en situación de pobreza son aquellas que subsisten con no más de 5.5 dólares al día. El anuncio de que se garantizará un ingreso mínimo de 480 dólares a cada trabajador, es decir, 16 dólares diarios vendría a sacar de la pobreza a todas las familias donde haya al menos una persona que trabaje.
Reacciones de la oposición
Tras su primera reunión con los líderes de la oposición, las reacciones fueron mixtas. Se le ha criticado que tuviera que darse una explosión social para que el gobierno desengavetara planteamientos que había recibido tiempo atrás. Para otros, es un buen paso, pero quieren más. La cuenta podría terminar superando los 1,200 millones de dólares ofrecidos por el gobierno en su plan de extinción del fuego social.
“Sin duda es un avance. No toca aspectos sustantivos del modelo (chileno)”, afirmó el legislador opositor, Jaime Quintana, presidente del Senado, según el diario chileno La Tercera. “Después de tanto silencio se empiezan a dar señales de que el gobierno aún existe”.
Para el diputado Gabriel Boric, del Frente Amplio, “el problema de los abusos que se han denunciado no se va a resolver con medidas parciales. Lo que se requiere son medidas más estructurales que estas”, que de igual manera serán analizadas “de buena fe”.
Semanas antes que iniciaran las protestas, Piñera hacía una orgullosa comparación de su país con otros países de la región y llegaba a la conclusión de que Chile era una especie de Oasis en América Latina.
Pero el oasis estalló como si hubiera sido una olla de presión que durante años se ha venido recalentando a fuego lento, en un caldo de frustraciones que ahora ni ejército, ni policía, ni toque de queda, ni estado de emergencia, ni 1,200 millones de dólares han logrado apaciguar.
Las protestas continúan y el miércoles la cifra de muertos había aumentado a 18, incluyendo a un niño de cuatro años de edad.
Y es que la furia es aparentemente tal, que ni aumento al salario mínimo, a las pensiones, y reducciones a la electricidad, medicinas, entre otros, han sido suficientes para apaciguar los ánimos. Según el presidente del colegio de profesores, Mario Aguilar, se trata de una protesta espontánea, sin cabeza, y motivada por crudas emociones. Un fuego difícil de extinguir.
“Está cuestionada la clase política y la élite”, dijo Aguilar al diario El Periódico. “El conflicto no tiene liderazgo claro, es inorgánico, pero algunas de sus demandas son coincidentes: democratización del agua, disminución de las dietas parlamentarias, reducción de la jornada laboral a 40 horas y de las tarifas de electricidad. El retiro de proyecto de Ley Tributaria, convocatoria de una Asamblea Constituyente y reformulación de las políticas ambiental y de género”.
Y es que esta revolución supuestamente sin cabeza ya le movió el piso al presidente y la poderosa élite empresarial del país. Ya vieron cómo se puede ir al traste la imagen de “oasis” que Chile ha forjado luego de décadas de estabilidad y crecimiento económico. No quieren sumarse al club de Bolivia, Perú o Ecuador. Pero en la calle la gente está dispuesta a sacudir la casa, el vecindario y al país entero para aprovechar esta oportunidad en que sus demandas parecen estar finalmente siendo escuchadas.
Cuántos muertos más y cuántos millones de dólares harán falta para que retorne la usual estabilidad a las calles de Chile, está aún por verse.
