San José, 14 may (elmundo.cr) – Centroamérica desarrollará una estrategia regional para disminuir el impacto de la resistencia antimicrobiana (RAM) en la cadena agroalimentaria, sobre todo en productos de origen animal.
El inicio del proceso fue una reunión en Costa Rica entre miembros de los servicios oficiales de medicamentos veterinarios y de alimentos para animales de los Ministerios de Agricultura, así como representantes de la industria farmacéutica de los países de la región.
En el encuentro, comandado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Universidad Estatal de Ohio, se realizó un diagnóstico que permitió conocer la capacidad actual de cada país de establecer su plan nacional de vigilancia en RAM, punto medular en la construcción de la estrategia regional.
La resistencia antimicrobiana se produce cuando, por cambios genéticos, los microorganismos (bacterias, hongos y virus) desarrollan resistencia a los medicamentos que solían ser efectivos para eliminarlos, como antibióticos, fungicidas y antivirales.
Representa, además, un problema mundial que afecta la salud humana, animal y el medio ambiente, por lo que requiere un enfoque integral y un abordaje multisectorial, en el que el sector agropecuario juega un papel clave.
“Queremos sensibilizar y demostrarles a los países la capacidad que tienen para desarrollar los planes de vigilancia. La única manera de implementarlos es integrar a lo largo de la cadena agroalimentaria a los ministerios de Agricultura y Salud, a productores, a la academia y a los institutos de investigación”, dijo la especialista del IICA en Sanidad Agropecuaria, Éricka Calderón.
“Si se logra, tendrán una región armonizada y preparada para el comercio internacional seguro de productos de origen animal; también se garantizarán una adecuada salud pública”, explicó.
Cuando la RAM aumenta, también se incrementa la atención sanitaria de las personas y los animales, así como la cantidad y el costo de los tratamientos, lo que incide en el desarrollo económico y agropecuario de los países. “Por eso es prioritario trabajar en la prevención y el control”, agregó Calderón.
El director del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) de Costa Rica, Bernardo Jaén, destacó que según la Organización Mundial de la Salud solo en el 2012 se habrían producido unas 700 mil muertes atribuibles a la RAM en el mundo, cifra que ascendería a 10 millones en los próximos 35 años y que generaría, para el 2050, pérdidas por USD 100 millones, en especial en países en desarrollo.
“Por esto, en la última década se gesta una estrategia mundial para atender el problema, mitigar sus riesgos y proteger la salud pública y animal. Centroamérica se ha unido y comprometido en dar respuesta, de manera integrada y transparente, uniendo esfuerzos entre sectores”, afirmó Jaén.
El científico y catedrático de la Universidad Estatal de Ohio, Armando Hoet, detalló que los esfuerzos de los países centroamericanos por desarrollar un plan de vigilancia individual y la estrategia regional son de gran transcendencia para los ciudadanos, que por lo general desconocen los beneficios de estas iniciativas.
“Uno de cada cinco casos de enfermedades infecciosas resistentes a los antibióticos son adquiridas a través de los alimentos, ya sea porque se contaminaron por mala manipulación, utensilios y manos sucias, el ambiente o la cadena agroalimenticia”, mencionó Hoet.
“Si no hay un monitoreo en los puntos críticos, como la granja, el matadero, el empaque, la distribución y el punto de venta, no se sabrá cuál es el riesgo. Si se hace monitoreo se sabrán las causas para su prevención y control oportuno”, añadió.
Como próximos pasos tras el diagnóstico inicial, el IICA y las demás organizaciones apoyarán a los países para superar limitaciones que impidan el establecimiento de los planes nacionales de vigilancia, mediante una sistematización en la se basarán los mecanismos de control que se implementen.
El Instituto llevó a cabo una iniciativa similar en el 2017 con los países del Comité Veterinario Permanente del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), cuya secretaría técnica gestiona.
