San José, 24 mar (VOA) – “Mi hija me decía ‘si yo supiera que mi bebé va a vivir, yo me sacrificaría’, pero no había esperanza”. Con estas palabras la madre de Beatriz, Delmy, inició la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Corte IDH ha escuchado argumentos a lo largo de los dos últimos días en el pleito entre el Estado salvadoreño y la familia de la joven, cuyo feto crecía sin partes del cráneo y cerebro y que le pidió a su país, en 2013, acceder a un aborto legal y seguro tras ser diagnosticada con lupus y artritis reumatoidea.
La petición fue negada, pues El Salvador penaliza el aborto sin excepción alguna desde 1998. El caso ha reunido ante la Corte IDH a decenas de personas quienes durante la audiencia se hallaban afuera de la sede judicial para enarbolar algunas consignas a favor y en contra de la despenalización del aborto en El Salvador.
“Por la enfermedad de lupus, ella tenía unos dolores insoportables, fiebres. Yo lloraba con ella de verla cómo sufría, se le hinchaban sus pies y sus manos. (…) Los doctores le dijeron que no podía seguir con el embarazo porque la vida de ambas [feto y madre] estaba en peligro”, agregó Delmy ante siete jueces independientes que lideran el más alto tribunal de la región.
Beatriz tenía 22 años cuando solicitó al Estado salvadoreño la interrupción de un embarazo de 13 semanas luego de recomendaciones médicas. La joven ya era madre de un niño de 1 año de vida y, según dijo Delmy, Beatriz no quería arriesgarse a morir en un embarazo de alto riesgo el cual podía tener como consecuencia dejar en la orfandad a su primer hijo.
El Estado se negó a la petición de la joven, pues la legislación salvadoreña condena toda forma de aborto, incluso el terapéutico. Por esa razón, Beatriz mantuvo su embarazo durante seis meses, hasta que los médicos vieron viable practicarle una cesárea. El feto, cuyo diagnóstico era que no sobreviviría fuera del útero, murió 5 horas después de nacido. Mientras que Beatriz murió cuatro años después tras sufrir un accidente de tránsito que se complicó debido a su debilitada salud.
El médico ginecólogo y obstetra, Guillermo Ortiz, quien atendió a Beatriz en los dos embarazos que tuvo dijo en la audiencia que hubo un equipo médico de 15 especialistas que recomendó la interrupción del embarazo de Beatriz, pero -según dijo- el tema fue toda una odisea, pues aunque se trataba de un aborto terapéutico, seguía estando penado por la legislación salvadoreña.
“Yo estuve trabajando por más de 20 años en el hospital (…) y vi muchas mujeres morir porque no tuvieron oportunidad de acceder a un procedimiento de aborto seguro, a pesar de yo haberlo solicitado siendo el jefe”, alegó el médico, que actuó de testigo llevado por la representación legal de Beatriz, conformada por las organizaciones Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, IPAS Latinoamérica, Colectiva Feminista y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Mientras que su contraparte, el médico Rafael Barahona quien llegó a la audiencia en representación del Estado, aseguró que “la vida de Beatriz nunca estuvo en riesgo”, pues sus enfermedades crónicas estaban controladadas con medicamentos. Prueba de ello, agregó, fue que Beatriz no se mantuvo en el hospital de forma continua durante su embarazo. Y, además, el equipo de especialistas que recomendaron la interrupción tenía “cargos administrativos” y “no atendían pacientes, menos embarazos de alto riesgo”.
La perita propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la doctora Isabel Jaramillo, fue tajante ante los siete magistrados al opinar que “si la vida extrauterina no estaba garantizada”, como fue el caso del feto de Beatriz, no era un hecho que el Estado tuviera interés en esa gestación.
Segundo día de audiencia: las oenegés contra el Estado
Este miércoles, durante el segundo día de audiencias, las organizaciones pro derechos reproductivos y el Estado tuvieron la oportunidad de pronunciar sus alegatos ante los jueces de la Corte IDH. Las oenegés que representan legalmente el caso de Beatriz concluyeron que la criminalización absoluta del aborto en El Salvador arrastra incluso a las mujeres que presentan emergencias obstétricas.
“En los últimos años, al menos en 11 oportunidades, varios comités de Naciones Unidas han recomendado a El Salvador modificar las normas sobre el aborto, pero solo se realiza un aborto cuando hay un peligro inminente de muerte lo que genera riesgos innecesarios para las mujeres”, expuso Morena Herrera, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador.
“El Estado le falló a Beatriz. Nunca implementó un tratamiento adecuado. (…) Nuestra posición es que el Estado tiene que adoptar medidas entre las que se halla la despenalización del aborto y un marco normativo integral”, concluyó.
Mientras que Camila Ormar, de Cejil, señaló la responsabilidad del Estado salvadoreño en el derecho a la integridad, a la salud y a la vida de Beatriz, pues “pese a que Beatriz tenía un embarazo anencefálico, el Estado insistió en que no había riesgos” pese a sus enfermedades crónicas y la condición de salud del feto.
El Estado, representado por las abogadas Juana Inés Acosta y Ana María Idárraga, enfocaron su defensa en que el feto que crecía dentro de Beatriz era un ser humano y, por lo tanto, titular de los derechos convencionales, entre ellos, el derecho a la vida.
“Siempre tuvo un ADN único. ¿Qué justificaría que no fuera humano? ¿Su edad, su condición de anencefalia, sus pocas expectativas de vida al nacer? ¿No sería acaso esto arbitrario? Nadie es más o menos o gradualmente humano. En todo caso, si la honorable Corte llegara a afirmar que no es un ser humano, que no pertenece a la especie humana tendría la carga imposible de explicar a qué especie pertenecía el feto”, dijo Idárraga.
Mientras que la abogada, Juana Acosta, señaló que “ningún tratado de los derechos humanos aplicable a los Estados del continente establece expresamente que los Estados estén obligados a adoptar un modelo de política en relación con el aborto”, y que El Salvador va a continuar garantizando la vida tanto de la madre como del no nacido.
Ambas partes tendrán hasta el 24 de abril para enviar sus alegatos escritos a la Corte Interamericana. Aún no hay fecha para la resolución.
