Otawa, 20 feb (VOA) – Canadá anunció el martes sanciones para cuatro funcionarios guatemaltecos “implicados en socavar la democracia y el estado de derecho” en la nación centroamericana, entre ellos la fiscal general y titular del Ministerio Público, María Consuelo Porras.
Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Canadá indicó que la decisión ocurre en el marco de la Ley de Medidas Económicas Especiales “para abordar la grave situación en Guatemala”, en referencia a “las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos” y a “actos de corrupción significativa”.
Además de la fiscal Porras, fueron sancionados por Canadá la fiscal Cinthia Monterroso; el fiscal especial contra la impunidad del Ministerio Público, José Rafael Curruchiche y el juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
De acuerdo con el texto, Canadá apoya al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional al condenar la corrupción y la impunidad arraigadas y está comprometido a trabajar con el gobierno del presidente Bernardo Arévalo para fortalecer la seguridad, los derechos humanos, la prosperidad inclusiva y el estado de derecho.
“El anuncio de hoy demuestra nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos para luchar por la democracia y los derechos humanos en Guatemala. Esperamos trabajar junto al gobierno democráticamente elegido de [Bernardo] Arévalo”, indicó en un comunicado la Ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly.
Desde que comenzó a perfilarse como posible ganador, Arévalo ha sido seguido de cerca por la Fiscalía General que lidera Porras y de parte del poder judicial para frenar su toma de posesión. No obstante, Arévalo asumió la presidencia como estaba previsto y Porras sostiene que no va renunciar a su cargo, como ha pedido Arévalo.
El presidente guatemalteco ha insistido en que es en la fiscalía “donde sigue anclado el sistema perverso” y ha responsabilizado a ese poder de la ejecución de “campañas de persecución política contra jueces, fiscales, periodistas” que pusieron en riesgo la democracia en el país.
Las sanciones
La medida impone a estos funcionarios la prohibición de realizar transacciones y el congelamiento efectivo de activos.
También prohíbe a cualquier persona en Canadá y a cualquier canadiense fuera de Canadá negociar con bienes, en cualquier lugar, que pertenezcan a estas personas. Estos cuatro funcionarios no podrán tampoco recibir servicio financiero.
El comunicado agrega que las sanciones buscan “disuadir acciones obstruccionistas por parte de funcionarios públicos corruptos y para apoyar al gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo”.
A mediados de este mes se cumplió el primer mes del mandato de Arévalo, cuyo gobierno está comprometido con la seguridad ciudadana y el enfrentamiento de la corrupción.
La medida de Canadá se inserta en las sanciones internacionales que están encaminadas a “combatir la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos en Guatemala”.
Más de seis décadas de relaciones
Canadá y Guatemala han mantenido relaciones por más de seis décadas.
De acuerdo con cifras oficiales, la asistencia internacional de Canadá en Guatemala promedian los 22 millones de dólares por año y abordan temas como la desigualdad de género, las violaciones de derechos humanos, la violencia, la inseguridad alimentaria, los desastres naturales y la falta de oportunidades económicas, así como la corrupción y la impunidad.
Estas sanciones anunciadas el martes están en línea con las de la Unión Europea y Estados Unidos, aliados que recientemente han impuesto medidas dirigidas a individuos guatemaltecos antidemocráticos, indicó el comunicado.
