Stuttgart (Alemania), 29 abr (dpa) – Los hombres tras el grueso cristal blindado parecen cualquier cosa menos intimidados. Con el pecho ancho, se dejan llevar esposados a la sala del tribunal. Sonríen en el banquillo de los acusados, cuchichean entre ellos, saludan al público y solo unos pocos ocultan sus rostros a los fotógrafos.
Mientras se lee el acta de acusación, niegan con la cabeza, como si no pudieran tomarse en serio las acusaciones. Los cargos se refieren a terrorismo y alta traición, a la escena de los Ciudadanos del Reich, a las teorías conspirativas y a un intento de asesinato.
Hoy comenzó ante el Tribunal Regional Superior de Stuttgart el juicio por terrorismo contra el presunto grupo de conspiradores en torno al aristócrata alemán Heinrich XIII Prinz Reuss.
Se acusa a los sospechosos de haber planeado derrocar con violencia al Gobierno alemán. En Stuttgart, la atención se centra principalmente en el brazo militar del grupo, encargada de haber impuesto la toma del poder por la fuerza de las armas.
Un total de nueve hombres, aunque no el propio Reuss, tienen que comparecer ante el tribunal de Stammheim, donde en su día se juzgó a los dirigentes de la banda terrorista de izquierda Fracción del Ejército Rojo (RAF).
La Fiscalía Federal alemana, competente para casos de terrorismo, les imputa pertenencia a una organización terrorista y “preparación de una empresa de alta traición”.
Uno de los acusados también está siendo juzgado por intento de asesinato. Se trata del hombre que supuestamente disparó varias veces con un rifle a agentes de policía de un grupo especial durante el registro de su piso en la localidad de Reutlingen en marzo de 2023, hiriendo a los agentes.
Dos de los hombres comunicaron que quieren expedirse sobre las acusaciones, aunque aún no está claro cuándo declararán. Otro de los acusados anunció que facilitará datos personales, pero no información sobre el caso. Los seis acusados restantes en principio declinaron efectuar declaraciones.
El grupo en torno a Heinrich XIII Prinz Reuss se dio a conocer tras una redada antiterrorista a gran escala en varios estados federados alemanes y en el extranjero, realizada en diciembre de 2022.
De acuerdo con los planes de la conspiración, Reuss debía actuar como jefe de una nueva forma de gobierno. La exdiputada de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y antigua jueza de Berlín Birgit Malsack-Winkemann debía ser responsable de Justicia.
Entre los acusados también hay exsoldados. Según la acusación, los golpistas habían empezado a crear un sistema en toda Alemania de más de 280 unidades de seguridad nacional organizadas militarmente.
La Fiscalía federal sostuvo que su organización ya estaba muy avanzada en algunos casos. En dos casos, las denominadas compañías de defensa de la patria pudieron entrar en actividad por sí mismas, dijo un representante de la autoridad durante la lectura del acta de acusación.
Dentro de la “Compañía 221”, que supuestamente era responsable de las zonas de Tübingen y Freudenstadt en Baden-Wurtemberg, ya se había nombrado a personas responsables de reclutar personal adicional.
Según la acusación, las unidades debían llevar a cabo “purgas” políticas en su área de responsabilidad tras una posible toma del poder por parte del grupo.
Todos los acusados están relacionados con la escena de los Ciudadanos del Reich, en la que prevalece la opinión de que el histórico Reich alemán, fundado en 1871 con un emperador a la cabeza, sigue existiendo en la actualidad.
El caso del aristócrata Reuss se ha dividido en tres juicios por razones prácticas y debido al gran número de sospechosos. En Fráncfort, los presuntos cabecillas, incluido Reuss, serán juzgados a partir del 21 de mayo. En Múnich, los demás sospechosos comparecerán ante un tribunal a partir del 18 de junio.
Al comienzo del juicio varios abogados defensores se opusieron a esta división entre tres tribunales regionales superiores. Pidieron que se interrumpiera o suspendiera el procedimiento de Stuttgart y que se combinaran los tres juicios.
Un letrado alegó que no era posible una defensa penal eficaz porque las conclusiones de un juicio solo podían incorporarse a los demás con dificultad.
Según sus palabras, mientras que el Ministerio Público Federal siempre estaba presente en los tres juicios, los abogados defensores no podían hacerlo, lo que era contrario al “principio de igualdad de armas”.
Una abogada defensora sostuvo que combinar los procedimientos redundaría en beneficio de una investigación exhaustiva y advirtió que existía el peligro de que los testigos de los tres juicios hicieran declaraciones distintas.
El presidente del tribunal, Joachim Holzhausen, rechazó la solicitud de suspender el procedimiento y aplazó la demanda de unificar los juicios.
