ANÁLISIS
Por Patricia Castillo (dpa)
Ciudad de Guatemala, 3 jun (dpa) – Analistas en Guatemala coinciden en señalar que Estados Unidos no tiene interés en una renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez y resolvió “oxigenarlo” para evitar una eventual ruptura institucional en Guatemala y la interrupción de las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre.
“Esa es la lectura, por el mensaje que dan. (Estados Unidos) no estaría de acuerdo con un relevo en la Presidencia que pusiera en peligro la institucionalidad a tan corto tiempo de las elecciones y del cambio constitucional de gobierno”, dijo Luis Mack, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Según Mack, para Estados Unidos es urgente evitar mayor erosión en la institucionalidad de Guatemala porque “generaría más incertidumbre y podría alentar a las protestas de la población a algo más profundo, como sería una depuración de la clase política”.
Las reacciones de los analistas surgieron luego que el embajador estadounidense Todd Robinson apareció el martes junto a Pérez en la Casa Presidencial, en el centro histórico de la capital guatemalteca, anunciando apoyo a la entidad responsable de recaudación tributaria mediante pruebas de confiabilidad de los funcionarios.
El anuncio del representante de la Casa Blanca coincidió con la renuncia del secretario general de Pérez, Gustavo Martínez, quien además es yerno del mandatario y una de las personas que integraban su círculo de mayor confianza.
Martínez justificó su renuncia en su deseo de dar “oxígeno a la Presidencia, al Presidente”, pues se quejó de diversos señalamientos sin fundamento de medios escritos sobre enriquecimiento ilícito y el retiro de la visa para ingresar a Estados Unidos.
Renzo Rosal, analista de la Universidad Rafael Landívar (URL), no descartó que detrás de la renuncia de Martínez y de otros funcionarios de confianza de Pérez esté la embajada estadounidense.
“Varias de las renuncias de ministros y de otros funcionarios del círculo de confianza del presidente, incluyendo la de Martínez, no podrían haber sido posibles, sólo por decisión del presidente. Tuvo que haber presión externa, concretamente de Estados Unidos”, dijo Rosal.
Explicó que para llegar a ese extremo, es porque “son personajes lastre alrededor del presidente, no sólo por señalamientos en su contra, no sólo es percepción, es porque hay hechos concretos y la información la tiene la Embajada”.
De acuerdo con Rosal, la renuncia del propio presidente no es apoyada por la Casa Blanca. “Estados Unidos sale ahora en defensa de la institucionalidad, porque teme golpes de Estado o cualquier golpe a la institucionalidad, teniendo como ejemplo más cercano el caso de Honduras, con el golpe al ex presidente Manuel Zelaya en 2009, en el que tuvo un fuerte costo”.
De acuerdo con el analista, esto no significa que Pérez tenga un cheque en blanco de Estados Unidos, sino, por el contrario, “el presidente carece de legitimidad, por lo que será evaluado día a día, en función de los intereses estadounidenses”.
Esto significa que Washington está interviniendo en la actual coyuntura política de Guatemala con una “visión muy pragmática, día a día”.
Dicha intervención, explica Rosal, tiene lugar en función de los intereses de Estados Unidos, sobre todo porque se trata de un país ubicado en su “área de influencia”, donde le preocupa una “situación de ingobernabilidad”.
El 16 de abril, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que dirige el colombiano Iván Velásquez, desarticuló una estructura criminal dedicada a la defraudación tributaria, la cual era dirigida por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Monzón permanece prófugo.
Posteriormente, el 20 de mayo, la Cicig también reveló un millonario fraude en el Seguro Social, cuyo presidente, el militar Juan de Dios Martínez, era otro hombre de confianza de Pérez. Antes que el presidente lo nombrara al frente de esta institución, Martínez era el secretario privado del mandatario.
Ambos hechos han generado en la población una fuerte reacción de rechazo contra las autoridades y también exigen la renuncia de Pérez, quien ha afirmado que se mantendrá en el cargo hasta el final de su mandato, el 14 de enero de 2016.
La crisis se produce a tres meses de los comicios generales previstos para el 6 de septiembre.
