Por Manuela Cano
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado a una pena de 12 años que deberá cumplir en prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según la sentencia leída este viernes 1 de agosto por la jueza Sandra Heredia.
La Justicia colombiana ya había declarado el 28 de julio al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) responsable de soborno en actuación penal y fraude procesal, dos de los tres cargos por los que fue llevado a juicio. El exmandatario fue absuelto de un tercer cargo de soborno simple.
La sentencia, cuya divulgación anticipada este viernes en los medios generó una controversia en el inicio de la audiencia, impone a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 840.000 dólares) y además lo inhabilita por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Se le sentenció “a la pena principal de 144 meses de prisión, o lo que es lo mismo, 12 años de prisión”; a pagar una multa equivalente a 2.420,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 840.000 dólares), y lo inhabilitó para “el ejercicio de derechos y funciones públicas” por 100 meses y 20 días (más de ocho años), dijo la jueza.
La jueza también instruyó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia (noroeste) donde reside Uribe, a “proceder a su traslado inmediato a su domicilio, donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos”.
Uribe, de 73 años y fundador del partido derechista Centro Democrático, se convirtió el lunes 28 de julio en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque su defensa ya anunció que apelará la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.
¿Por qué fue condenado?
El expresidente fue acusado de idear y promover una estrategia para manipular a testigos, con ayuda de terceros, para que cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia.
El caso se remonta a 2012. Entonces, el senador Cepeda afirmaba ante el Congreso que sospechaba de la implicación del expresidente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar responsable de masacres y asesinatos.
Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia contra él por presuntos vínculos con el paramilitarismo. Lejos de investigar a Cepeda, la Corte Suprema abrió un proceso contra Uribe por manipulación de testigos.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria.
La tesis de la Fiscalía indicaba que Uribe presuntamente envió al abogado Diego Cadena para que convenciera a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve de testificar a su favor, desligándolo de vínculos con el paramilitarismo a cambio de beneficios jurídicos.
En este caso, la jueza consideró probados los dos primeros delitos (soborno en actuación penal y fraude procesal).
La pena, más de lo que pidió la Fiscalía
En la audiencia de lectura del fallo, Heredia había anticipado que, para los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la ley prevé una condena de “un monto superior a cuatro años e inferior a ocho”, pero la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).
Sin embargo, la sentencia supera lo dicho por la propia jueza y la petición hecha por la fiscal Orjuela, lo que ha causado sorpresa en el país.
Según la sentencia, la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, determinó, además, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares).
Por otro lado, el texto —de 1.114 páginas—muestra que la jueza determinó inhabilitarlo por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
“Condenar a Álvaro Uribe Vélez a las penas principales de 144 meses o lo que es lo mismo, 12 años de prisión, multa equivalente a 2.420 salarios mínimos, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, como sanción principal, de 100 meses y 20 días, como determinador penalmente responsable del delito de Soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo como se expuso en la parte motiva de la sentencia, cometidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que da cuenta el paginario”, dice el fallo.
La decisión de condenarlo a prisión domiciliaria —dice el texto— es porque Uribe cumplió con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad para ser elegido para esa modalidad
La condena es un nuevo giro en la trayectoria de Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, un mandato que ha estado marcado por la polarización y la controversia.
El caso es conocido como “el juicio del siglo” en Colombia y es la primera vez que un expresidente del país ha sido condenado penalmente.
Con medios locales, Efe y Reuters
