Ciudad de Guatemala, 21 jul (VOA) – La diputada electa del Movimiento Semilla, Andrea María Reyes, alerta que la sede de su partido, ubicada en la Zona 1 de la capital guatemalteca, ha sido allanada por las fuerzas del orden, sin especificar mayores detalles.
“Atención están allanando la sede del partido”, dijo vía Twitter la legisladora que forma parte de la bancada del partido de izquierda que logró el balotaje para la segunda vuelta presidencial.
Informes periodísticos desde Guatemala consignan que el allanamiento lo lleva a cabo la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), instancia del Ministerio Público, en seguimiento a la posible “afiliación ilegal” de ciudadanos en el registro de constitución del partido que corre hacia la segunda vuelta. También participan la operación agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arévalo, ha reaccionado a los hechos aduciendo que la toma de la sede del partido “es la demostración flagrante de la persecución política que hemos denunciado. No les importa nada, y no se van a detener, pero nosotros tampoco nos detendremos”, ha dicho el político en redes sociales.
El Ministerio Público no se ha pronunciado sobre el operativo.
TSE pide amparo ante Corte Constitucional
A medida que avanza el proceso electoral de Guatemala, se ha abierto una disputa entre instituciones del país. Este viernes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad contra la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y otros ocho funcionarios judiciales, ante la “amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneran el Estado Democrático de Derecho”.
En un comunicado difundido para explicar la situación, el TSE “condena las acciones desproporcionadas, intimidatorias y con exceso de fuerza con que han actuado las diferentes autoridades”, incluidos funcionarios y trabajadores de la institución cuya obligación es atenerse al mandato constitucional.
El pleno de magistrados también ha manifestado ante la ciudadanía guatemalteca que están comprometidos en “firme” con el sistema democrático constitucional de derecho, “el cual se sustenta entre otros, en el principio de alternancia en el ejercicio del poder”.
